Soltando Grillos

A vueltas con las auditorías de infarto

  • Levantar las alfombras y abrir las ventanas es de primero de política

  • Cuando alguien llega a un cargo, después del juramento es la siguiente frase que pronuncia

  • La realidad luego es bien distinta

A vueltas con las auditorías de infarto. A vueltas con las auditorías de infarto.

A vueltas con las auditorías de infarto. / Rosell

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A los pocos meses de la llegada al poder del PSOE en el año 1982, Felipe González se reunió con un grupo de periodistas y les soltó en la sobremesa que iba a llevar al Congreso unas auditorías que tenían sobre la gestión del Gobierno de UCD que cuando se hicieran públicas “iban a provocar más de un infarto”.

Aquel comentario, supuestamente informal, generó una auténtica polvareda política e hizo famosas las denominadas auditorías de infarto. Aquello terminó en nada, entre otras razones porque de las casi 300 que llegaron a decir que existían, 270 se correspondían a ayuntamientos que las habían solicitado voluntariamente para poder recibir ayudas especiales del Estado.

En muchas ocasiones, solo el anuncio conlleva ya una descalificación doble

La expresión de González pasó a la historia y no hay ningún cambio de Gobierno en España, ya afecte al Estado, a una comunidad autónoma o a un municipio, donde el que entra nuevo no llegue con la amenaza de realizar “auditorías de infarto” para conocer la situación que hereda en las arcas públicas. De ahí que, en muchas ocasiones, el sólo anuncio de que se van a realizar conlleva ya una descalificación en un doble sentido. Una política, hacia la gestión del predecesor con anterioridad a que se conozcan sus resultados. Y otra administrativa, ya que pone en duda el correcto funcionamiento de los mecanismos de control de los que se han dotado las instituciones.

Levantar las alfombras, abrir las ventanas y realizar auditorías de infarto es de primero de primaria de política. Cuando alguien llega a un cargo, después del juramento la siguiente frase que pronuncia incluye el anuncio de que va a realizar algunas de esas tres cosas. O las tres a la vez.

Todavía nos encontramos a una enorme distancia de un objetivo que debería ser evidente desde el minuto cero en cualquier democracia, un control financiero efectivo de la administración en el que, al menos anualmente y con el cierre de cada ejercicio presupuestario, se conociera a qué se ha destinado hasta el último euro gastado o dónde está hasta el último euro que no se ha podido gastar.

Ni afectará a toda la administración ni se realizará por empresas externas

Ni que decir tiene que en Andalucía, una de las dos primeras medidas anunciadas por el consejo de Gobierno del nuevo ejecutivo de Juanma Moreno ha sido la de auditar algunos departamentos de la anterior administración socialista. Al final no es la auditoría de infarto prometida en campaña electoral por PP y Ciudadanos, ya que ni afectará a toda la administración ni se realizará por empresas externas, pero vale como artillería pesada contra el PSOE. A las palabras del nuevo presidente de la Junta, me remito: “Con la auditoría que hemos aprobado queremos saber hasta dónde ha llegado la influencia del todopoderoso aparato socialista que ha ido tejiendo una maraña de estructuras a lo largo de los 40 años”.

Los socios del Gobierno han decidido posponer su compromiso de una auditoría completa y dividirla en diferentes fases. Sobre la mayoría de los primeros 14 entes instrumentales y agencias públicas en los que se va a actuar, ya está encima la lupa de la Justicia, en casi todos los casos por el supuesto uso irregular de las transferencias de financiación como procedimiento administrativo para agilizar los pagos.

Por explicarlo en sencillo, las primeras auditorías se van a realizar en departamentos sobre los que ya existen investigaciones judiciales, o lo que es lo mismo: la posible responsabilidad penal ya está en manos de un juez. Por lo tanto, lo razonable sería que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado en Andalucía, los organismos encargados de la fiscalización, dedicaran parte de sus esfuerzos a proponer cómo mejorar la gestión de estos entes al objeto de conseguir que los fondos públicos sean administrados mejor y que el dinero del contribuyente sea usado correctamente.

Otra cosa es hacer de las auditorías otro motivo más para la sospecha y la crispación

Realizar una auditoría no debería ser nunca una amenaza. Y menos si afecta a instituciones que gestionan un dinero que es de todos. Se trata de un instrumento destinado a comprobar el funcionamiento de los entes públicos y las empresas que reciben partidas económicas de la administración. Otra cosa es hacer de ellas otro motivo más para la sospecha y la crispación.

Si la fiscalización de la gestión del PSOE en la Junta arroja comportamientos constitutivos de delito, que se envíe directamente a la Fiscalía; si se determinan conductas que impliquen responsabilidades políticas, que se asuman; pero hasta que se conozca si existe o no algún tipo de irregularidad se debería no repetir la imprudencia de Felipe González y sus famosas auditorías de infarto de las que nunca más se supo.

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