El convento de Santa María de los Reyes de Sevilla, uno de los lugares elegidos por el Ejecutivo andaluz para las celebraciones solemnes, acoge hoy la firma del Pacto por la Vivienda que demandó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, para cerrar la legislatura. En el acto, uno de los protagonistas ha pasado casi desapercibido durante la negociación: las entidades financieras.

Según explicó ayer a esta redacción el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, una veintena de cajas de ahorro, bancos y cajas rurales han comprometido su apoyo para posibilitar el principal objetivo del Pacto -la construcción de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas protegidas, en los próximos diez años- y suscribirán el documento junto a los ayuntamientos y los agentes de la concertación social, empresarios y sindicatos. Tres acuerdos, con textos similares para cada una de las partes, escenificarán la firma del Pacto por la Vivienda.

La cita pone punto y final a una negociación en la que cada implicado ha puesto sus exigencias sobre la mesa. Algunas se han atendido y otras volverán a escena en el desarrollo del Pacto, que tiene una duración de diez años.

El consejero restó transcendencia a los "graves" problemas surgidos a última hora con los empresarios. Las viviendas a precio tasado -una modalidad intermedia entre las de renta libre y las protegidas- se incorporarán al Plan de Vivienda 2008-2013, unos 100.000 pisos según estima la Consejería de Obras Públicas.

Las peticiones de los ayuntamientos se han aceptado de pleno y el documento que firmará la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) no diferirá demasiado de la resolución aprobada en su Asamblea.

Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas, compareció ayer en comisión parlamentaria para explicar, a petición de IU, la previsión de modificar leyes urbanísticas aprobadas para agradar a los ayuntamientos, en concreto, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

LA FAMP pidió "flexibilizar" los límites de crecimiento del POTA -un municipio no puede crecer en ocho años por encima del 40 por ciento de su suelo y del 30 por ciento de su población- para que no computen los suelos industriales y no se "encorsete" el progreso de los municipios de menos de 10.000 habitantes.

La consejera aceptó el "criterio" de la FAMP, pero descarta "modificar" y habla de "interpretar". Dará orden a las comisiones provinciales para que apliquen la "interpretación" de la normativa. Ni decretos ni regreso del POTA al Parlamento. "El Parlamento legisla, y quien interpreta las normas es el Gobierno sometido al control de los tribunales", aseveró Gutiérrez ante las críticas de Ignacio García, diputado de IU, que criticó la "arbitrariedad subjetiva" que dominará los crecemientos urbanísticos.

La Junta sí ultima un decreto para agilizar la adaptación de los planes urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), a la que sólo se han adaptado un 7 por ciento de los ayuntamientos andaluces, informaron fuentes de la Consejería.