Dos testigos han descartado que advirtieran irregularidades en la contratación del personal de Invercaria, en relación con el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra cuatro ex directivos de la sociedad pública andaluza de capital riesgo por los salarios y préstamos recibidos. Tanto el ex viceconsejero de Innovación de la Junta Jesús María Rodríguez Román como la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, que han comparecido como testigos ante la Sección Cuarta de la Audiencia, han señalado que no apreciaron ninguna irregularidad en la gestión de las contrataciones y el pago de los salarios, si bien ésta última ha reconocido que reestructuró la sociedad para reducir la "masa salarial".

El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha explicado, a preguntas de las defensas de los acusados, que la Cámara de Cuentas de Andalucía no apreció "en ningún momento" ninguna señal de irregularidad en las contrataciones.

Por su parte, la ex consejera delegada y ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz ha reconocido que cuando fue nombrada presidenta de la sociedad de capital riesgo, en el segundo semestre del año 2010, introdujo una serie de cambios en la sociedad para organizar las operaciones e inversiones y también los procedimientos de apoyo o de administración, y entre ellos ha indicado que se establecieron de manera "pormenorizada" unas categorías salariales -que antes de su llegara a la empresa no existían- "acordes con otras empresas públicas similares" y se inició una negociación bilateral con los trabajadores para encuadrarlos en dichas categorías, lo que supuso una bajada "importante de la masa salarial", ha precisado la ex consejera delegada, que ha añadido que de dicha reestructuración y de los cambios en los salarios se informó al consejo de administración de Invercaria y a la agencia Idea.

De esta forma, el que fuera director financiero y uno de los acusados Antonio Nieto pasó de ser director a sólo técnico porque creía que "le faltaban conocimientos técnicos" para el puesto que venía ocupando bajo la presidencia de Tomás Pérez-Sauquillo. La testigo ha insistido en que la reestructuración de puestos de trabajo y de los rangos salariales no se debió a una disminución de la carga de trabajo de Invercaria con motivo de la crisis de los años 2009 y 2010, porque aunque se produjo una reducción de los 250 proyectos al año que había recibido, la actividad inversora de la sociedad continuaba y había aumentado por tanto la labor de "seguimiento" de esas inversiones.

La testigo ha indicado que todos estos cambios que se introdujeron en Invercaria, en la que además se implantó un "proceso de selección del personal" para adecuarlos a los principios de publicidad, mérito y capacidad, se hicieron no porque detectaran hechos delictivos o ilícitos, sino para mejorar el funcionamiento de la sociedad. "Implementé los cambios como mejoras; el derecho laboral es una relación bilateral y entendía que los procesos eran mejorables", ha aseverado Gómiz.

La ex presidenta de Invercaria ha señalado además sobre los préstamos que Invercaria concedía a sus trabajadores -con un máximo de 30.000 euros a devolver en cinco años y con un interés cero- que "casi todos los trabajadores utilizaron ese derecho", y ha añadido que Juan María González abonó en 2012 "en su integridad" el préstamo que le había sido concedido. Los trabajadores de Invercaria también recibían una ayuda de 400 euros para el pago del seguro del coche.

La defensa del ex director de Promoción Cristóbal Cantos ha preguntado a la testigo por un informe pericial en el que se asegura que a su salida de Invercaria había recibido un "exceso de indemnización" de casi 10.000 euros, algo que Laura Gómiz ha dicho que desconocía y, además, ha precisado que fue ella quien incluso tuvo que acudir al Cemac para reclamar la totalidad de la indemnización que le correspondía por su salida de la empresa.

Por su parte, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha señalado que Invercaria se regía por el derecho privado y tenía su "propia autonomía" de funcionamiento y para gestionar su personal, y la Consejería "en ningún caso" asesoraba a esta sociedad en materia de salarios y de contratación de su plantilla, porque los entes instrumentarles de la consejería disponen de sus propios recursos.

El testigo ha dicho que el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo tenía una "relación personal" con el consejero y éste despachaba los asuntos con el director de la agencia IDEA -el socio único de Invercaria-, pero con el presidente de Invercaria los encuentros eran "muy de tarde en tarde". Sí ha dicho que la sociedad de capital riesgo era un "instrumento potente" porque a nivel europeo el capital riesgo tenía una relevancia "tremenda" y aunque la agencia IDEA podía conceder avales no podía actuar como este tipo de sociedades.

Así, ha insistido en que Invercaria funcionó "de manera potente" y unos de los proyectos salieron adelante y otros "fallaron", pero esta sociedad venía a "rellenar un hueco" que le faltaba a la Junta de Andalucía. 

Sobre el ex director de Promoción Juan María González, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y uno de los acusados en la denominada "pieza de personal" de Invercaria, el ex viceconsejero de Innovación ha dicho que lo conoció cuando entró a trabajar en la consejería, y tenía una relación "estrecha y agradable porque siempre lo consideró un profesional intachable".