Andalucía

60 senadores socialistas llevan al Constitucional el decreto de simplificación administrativa

  • Los dos argumentos son que no hay circunstancias extraordinaria para que se haya aprobado como decreto y que fue aprobado por la diputación permanente, no por el pleno de la Cámara

Susana Díaz, Jiménez Barrios y José Fiscal, la semana pasada en el Parlamento.

Susana Díaz, Jiménez Barrios y José Fiscal, la semana pasada en el Parlamento. / Julio Muñoz/EFE

Sesenta senadores socialistas han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el decreto ley de simplificación administrativa. Esta norma fue aprobada el 9 de mayo pasado, en plena pandemia del Covid-19, por la diputación permanente del Parlamento, para lo que se alegó una doble circunstancia excepcional que justificarían, de una parte, la figura del decreto y, de otra, que no se votase en el pleno.

La catedrática de Derecho Constitucional Ana Carmona ha confeccionado el recurso, y se basa en la negación de estas dos circunstancias. Para los recurrentes, no hay circunstancias excepcionales en un decreto que cambia 21 leyes y no hay base legal para aprobarlo en la diputación permanente. Este decreto ya ha sido recurrido por el Gobierno central, pero por otras causas, por invasión de competencias relacionadas con la Ley de Patrimonio Histórico y la legalización de emisoras de radio en situación irregular. 

El recurso del Gobierno central provoca la suspensión de los efectos del decreto, hasta que el tribunal no se pronuncie, pero el de los senadores del PSOE afecta a la totalidad, no sólo a las dos competencias en conflicto.

Este decreto ha sido presentado por el Gobierno de Juanma Moreno como un elemento dinamizador de la economía andaluza, ya que alivia muchos trámites; entre éstos, algunos urbanísticos, relacionados con los planes municipales y los permisos a los campos de golf. Pero, a la vez, "de rondón", según califica el PSOE, ha introducido una suerte de regularización de emisoras de radio no legales, la posibilidad de externalizar la asesoría legal que realizan los servicios jurídicos de la Junta o la alteración del régimen sancionador del Consejo Audiovisual.

El parlamentario Manuel Jiménez Barrios ha presentado este recurso ante los medios, en una rueda de prensa telemática celebrada en la sede de San Vicente este lunes. "Se alegan circunstancias espaciales por el Covid-19. ¿Qué tiene que ver el Covid-19 con la legalización de emisoras piratas de radio? ¿O con la laxitud para permitir nuevos campos de golf?", se ha preguntado Jiménez Barrios, que ha calificado la actividad legisladora del Gobierno andaluz de "diarrea legislativa". "Llevan ya 14 decretos leyes", ha señalado. "Se trata de un fraude normativo, de un fraude parlamentario y de un fraude político", ha añadido.

El Gobierno andaluz se prestó a volver a llevar el decreto ley al Parlamento para que fuese debatido en el pleno, pero lo cierto es que para ello, tendría que retirarlo primero. Con los apoyos de Vox, PP y Ciudadanos, podría hacerlo y aprobarlo, pero de momento no ha dado ese paso. 

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