Juicio de los ERE

La ex secretaria general técnica de Empleo defiende la "absoluta legalidad" de las transferencias de financiación

  • Lourdes Medina recuerda que trabajó "intensamente" en la revisión de oficio de las ayudas tras estallar el escándalo

Comentarios 2

La ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo ha defendido este miércoles en su declaración ante el tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE la "absoluta legalidad" del uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas, y ha recordado que las mismas figuraban durante años en las sucesivas leyes de Presupuestos que eran aprobadas por el Parlamento andaluz.

La acusada, que se enfrenta a una petición de condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha subrayado, a preguntas de su abogado defensor, Manuel Salinero, que la hipótesis de ilegalidad "es imposible" porque las transferencia de financiación del programa presupuestario 31L, conocido como el fondo de reptiles, eran aprobadas por las distintas leyes de Presupuestos, y nadie del equipo técnico ni de ningún sitio le trasladó una "tacha de ilegalidad" en su actuación.

Lourdes Medina ha añadido que "nunca" recibió ninguna instrucción para hacer algo ilegal, por lo que siempre ha tenido el convencimiento de que actuaba "conforme a la ley" y no ha participado ni colaborado en una actividad que fuera irregular porque siempre actuó "en la confianza" de actuar sobre "criterios técnicos" y además en materia presupuestaria no ha realizado ningún acto "que tenga la fuerza ejecutiva de una resolución".

La ex alto cargo ha subrayado asimismo que trabajó en todos los procedimientos para la revisión de oficio de las ayudas, una vez que saltó el escándalo de los ERE, y para que los beneficiarios que reunían los requisitos siguieran percibiendo la ayudas. Así, se ha exhibido un documento en el que se recoge que la Cámara de Cuentas desplazó a seis o siete personas a la Dirección General de Trabajo (DGT) y hubo reuniones periódicas, y "es a instancias de la secretaría general técnica cuando se adopta la decisión compartida de iniciar los procedimientos de revisión de oficio", una labor en la que Lourdes Medina ha dicho que trabajó "intensamente". También ha dicho que "nadie" de su familia ni de su entorno ha recibido ninguna ayuda del programa 31L.

Sobre las transferencias de financiación que se empleaban para el pago de las ayudas, a través de IDEA, ha indicado que no se recibió ninguna directriz hasta que se recibió la instrucción 1/09 de la Dirección General de Presupuestos, y ha negado que tuviera conocimiento del déficit que había generado el uso de las transferencias en IDEA, dado que "no sabía que se estaban asumiendo compromisos sin cobertura presupuestaria".

Así, ha rechazado igualmente que conociera la gestión de las direcciones generales, por lo que desconoce "la realidad administrativa y el papeleo" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, al tiempo que ha dicho que "jamás" se le dio traslado de los informes de la Intervención relativos a IDEA o al programa 31L, ni tuvo conocimiento de que se produjera una retención de crédito por parte de la Intervención general de la Junta.

Preguntada sobre si el uso de las transferencias era adecuado no para el pago de las ayudas, la ex secretaria general técnica ha insistido en que "no tenía capacidad para valorarlo ni pensarlo", aunque ha señalado que se trataba de un "crédito presupuestario consolidado a través de siete leyes de presupuestos anteriores" a su llegada y las modificaciones presupuestarias que se hacían eran aprobada por el Parlamento andaluz.

La acusada ha dicho que "no había nada que le alertara de la ficha presupuestaria" de la partida 31L, en la que incluso se recogía a cuántos trabajadores beneficiaban las ayudas, como la que se le ha mostrado en el juicio y en la que aparecían 1.000 hombres y 600 mujeres como beneficiarios. Esa información era conocida también por el Parlamento, pero "los procedimientos de gestión de una dirección general no lo podemos conocer", ha puntualizado.

El fiscal también le ha mostrado documentos del expediente disciplinario abierto a Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, por no incorporarse en 2011 a su trabajo tras pedir el traslado a la delegación provincial de Empleo de Jaén.

La acusada ha explicado que las funciones de la secretaría general técnica en materia presupuestaria consistían en el "seguimiento" de la ejecución presupuestaria, pero ha dejado claro que ni gestionaba ni dirigía el presupuesto, y así "semanalmente" extraían del programa contable de la Junta, denominado Júpiter, los datos de los programas presupuestarios, entre los que estaba la partida 31L (Administración de Relaciones Laborales), de la que salían las transferencias de financiación al IFA/IDEA con la que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas. Esa información se remitía a los directores generales, al consejero y al viceconsejero, y con ella se podía adoptar por parte del consejero alguna modificación presupuestaria.

A preguntas de su abogado defensor, Manuel Salinero, la ex secretaria ha indicado que el margen de discrecionalidad que tenían en su actuación "es cero", puesto que sus funciones están perfectamente tasadas y funcionan como un director general "más", por lo que ni pueden dar órdenes ni supervisar la labor de otros directores generales.

Lourdes Medina, que estuvo en el cargo entre 2008 y 2012, ha asegurado que desde la dirección general de Trabajo no se solicitó la asistencia jurídica de la secretaría general hasta el año 2011, dado que hasta entonces habían optado por la contratación de asistencia externa de bufetes y consultoras, y ha precisado que únicamente no se puede acudir a la asesoría externa "cuando es vinculante" el informe de la secretaría general técnica o del gabinete jurídico de la Junta.

La ex secretaria general ha lamentado, al inicio de su declaración, que no iba a ratificar la declaración que prestó en la fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya porque, según ha expresado, la misma "no refleja fielmente" las manifestaciones que hizo en ese acto, puesto que tuvo que "discutir pregunta a pregunta" antes de firmar el acta, y firmó para no "perder el esfuerzo" que había hecho durante tantas horas de declaración en el juzgado.

El juicio continuará el próximo lunes, día 19, con la declaración de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, mientras que la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que padece una disfonía, se ha fijado para el lunes y martes de Semana Santa, lo que implica que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no declararán hasta que pase la Semana Santa.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios