María murió el día de Navidad de 2015. Legó todo lo que tenía a su vecina. Al final de sus días, María tenía a su vecina como su persona más cercana y querida. Era ella la que le había cuidado durante los últimos años de su vida, la que iba a visitarla, la que le daba conversación, la que la sacaba a pasear empujando la silla. Sumando el valor de la vivienda de María y sus ahorros, su vecina heredó unos 200.000 euros, si se contabilizaba que el pisillo de María se valoró generosamente en 130.000 euros que nadie pagaría por esos metros cuadrados con olor a soledad, enfermedad y muerte. Para acceder a la herencia la vecina tendría que pagar un 18% de esa cantidad, lo que suponía cerca de 40.000 euros, pero a ello habría que añadir un coeficiente multiplicador, ya que no existía ningún parentesco. La vecina era, para la hacienda pública, una persona “extraña” a María, por lo que se le aplicaba su “extrañeza”: un 2,8%. En total, 70.000 euros, lo que María tenía en su cartilla de ahorros.

La vecina de María pensó en renunciar a la herencia y quitarse de líos, pero en la notaría le aconsejaron que esperara. Al fin y al cabo, podía fraccionar el impuesto y demorar su pago hasta tres años. Fue casi el tiempo que tardó en vender la casa de María.

Lo puso en una inmobiliaria que le recomendó, si quería vender rápido, bajar el precio, que la vecina ya había puesto, por supuesto, muy por debajo de los 130.000 euros que el Estado consideraba que era su valor. Tenían razón los de la inmobiliaria, que para eso cobraban. Se lo quitaron de las manos. Pagó su parte a la inmobiliaria, los impuestos de transmisión, las plusvalías, al abogado, al notario. Dos años y medio después de la muerte de María su vecina echó cuentas. De la herencia de María, de la que nunca había pensado heredar porque jamás hablaron de testamentos, había sacado en limpio unos 12.000 euros. Es un caso real ocurrido en Cádiz y que se cerró el pasado año.

Otro caso cerrado en 2017 llevado por un abogado de Cádiz. En esta ocasión es un vecino de San Fernando al que su sobrino, huérfano y con alto nivel de dependencia, lega a su muerte el piso de Jerez que había sido de su padre, es decir, del hermano del heredero. No demasiado interesado en la vivienda, el heredero del sobrino se propone tributar según el valor de mercado de la vivienda, unos 70.000 euros por un primero de 75 metros cuadrados. Hacienda corrige el valor, aplica catastro, muy alto en Jerez por haberse renovado en plena burbuja inmobiliaria, más un coeficiente corrector. El valor sería de unos 150.000 euros, un precio por el que nadie compraría a tenor del mercado de vivienda de la localidad, y sobre ello habría que pagar el impuesto con coeficiente corrector de más 1,58%. El tío del difunto echa cuentas de dinero y tiempo y decide renunciar al piso, que pasa a ser del Estado, el nuevo heredero, que está exento de tributos a sí mismo. El piso sale a subasta. Un subastero pilla el chollo. Paga por el piso 25.000 euros.

El 19 de julio de 2017 hubo una manifestación frente al Parlamento de Andalucía de afectados por los impuestos de sucesiones. Al futuro presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, le abordó uno de los damnificados: “Lo que hace la Junta cuando un andaluz se muere es meterle la mano en la chaqueta y quitarle la cartera”. A tenor de los casos narrados antes podría parecer así. Pocos meses después de aquella protesta, en enero de 2018, Ciudadanos arrancaría a la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, lo que luego esgrimiría en campaña electoral como uno de sus grandes logros: la exención de pago a familiares directos del pago de sucesiones a no ser que se superara el millón e euros por heredero.

Si con el anterior impuesto estaban exentos de pago el 93% de las herencias a familiares directos, con esta reforma lo estarían más del 99%. Ese 6% de diferencia supone, por sí mismo, un agravio comparativo. Ese 6% que pagó en 2017 y en el 2018 no pagó supone un diferencial notable, ya que de lo que hablamos es de herencias muy altas, pero que en muchas ocasiones son herencias de inmuebles. En esos casos en 2017 hubo quien tuvo que pedir préstamos a los bancos para no perder las propiedades. Si el padre o la madre hubiera vivido unos meses, los que tuvieron que pedir al banco en 2017 (muy pocos) no lo hubieran tenido que pedir en 2018. Pero hablamos de excepciones. Las herencias normales a familiares directos, las del 93% de los andaluces, nunca han pagado.

“Esto supuso en la práctica la supresión del impuesto de sucesiones para familiares directos. Ya nos llegaban muy pocas herencias con este impuesto antes de su supresión. Ahora podrá llegar como mucho una al año, lo que llamamos en el argot las herencias de Varela. En el momento en que sean varios hermanos, a su vez casados con bienes gananciales, para superar el tope de millón de euros hay que heredar una cantidad de bienes”, explica el oficial de notaría Fernando Díaz del Castillo, con 38 años de ejercicio en Cádiz y que asegura que en esa larga carrera en contadísimas ocasiones ha visto una renuncia a una herencia por causas fiscales. Es decir, por no poder hacer frente a la herencia por los impuestos.

Para elaborar este reportaje este medio se puso en contacto con varios abogados para que le indicaran personas que hubiera tenido que realizar una renuncia por causas fiscales. Ninguno pudo proporcionar alguien que diera ese testimonio. Este periodista tampoco conoce entre sus allegados y amistades ningún caso.Un oficial de notaría me es muy explícito: “Cada vez que veo un titular sobre esto siempre con la misma cantinela, ni la leo. Olvídate, es mentira”.

Pero las renuncias existen. En plena crisis las renuncias a herencias se dispararon en toda España y fue el principal argumento que los partidos conservadores esgrimieron para defender su teoría del instinto 'necrofágico' de la Junta. En una de sus campañas el PP ponía a Caperucita acudiendo a la casa de la abuelita y un lobo, que era la Junta, se comía a la abuelita y a la casa de la abuelita. Caperucita se quedaba sin herencia.

En 2017, antes de la reforma del impuesto de sucesiones, en Andalucía hubo 8.400 renuncias a herencias, más de mil en la provincia, según los datos del Consejo General del Notariado, que aún no ha sacado las cifras de 2018. Esto supone un 14% del total de los herederos, aunque el porcentaje de renuncia sobre lo heredado es mucho menor. Diez años atrás, en 2007, las renuncias en la región no llegaron al millar.

La explicación, según Díaz del Castillo, se encuentra en otro lugar. “La mayor parte de las renuncias que pasan por la notaría tienen que ver con que el heredero tiene algún tipo de deuda pendiente. En el caso de aceptar la herencia, ésta le sería embargada de inmediato. Por tanto, lo que hace es renunciar para que no se pierda ese montante de la herencia, que pasa a repartirse entre el resto de los hermanos. Luego, es posible que haya un acuerdo entre ellos. Hay otras causas, pero ésta es la más común”.

Es un hecho que durante la crisis las deudas con la Hacienda, la Seguridad Social y, sobre todo, los bancos, se dispararon. La otra causa es que la vivienda heredada tenga una hipoteca asociada, es decir, heredar deudas. Esto también se disparó durante la crisis. Esas, y no los impuestos, son las causas del crecimiento de las renuncias.

El decano del Colegio Notarial de Andalucía, José Luis Lledó, ha explicado que hasta 2007 era muy reducido el número de personas que al morir acumulaban deudas. “Por norma general, cuando alguien fallecía con una edad longeva lo hacía con una economía saneada. La crisis alteró esta coyuntura, por lo que muchas personas fallecidas en los últimos años lo han hecho con un pasivo (deudas) considerable”.

El abogado José Luis Ortiz, que lleva un buen número de los casos de transmisiones, sucesiones y donaciones en Cádiz, da una explicación sociológica a lo que sucede con las herencias en la provincia. “La generación de nuestros padres, los padres del baby boom de los 60, ha sido la que más patrimonio y riqueza ha conseguido mantener en toda nuestra historia. Era la primera generación que consideraba la vivienda en propiedad como un logro vital porque pensaba, además, que era el legado que dejaba a sus hijos. También fue una generación ahorradora. Esa es la generación que se nos está marchando. Sus hijos y sus nietos, en buena medida por la crisis, pero también por otros hábitos, no genera ni patrimonio ni ahorro, por lo que tiene problemas para hacer frente a tocateja de los gastos derivados de una herencia, por lo que cuando esta llega tiene que endeudarse para acceder al patrimonio de sus familiares, se produce un apalancamiento bancario que está relacionado con la reducción de la capacidad adquisitiva”.

Dándose estos casos, Ortiz reconoce que son muchos más aquellos en los que “se pleitea entre hermanos. Las herencias en dividen familias. Ser testigo de eso una parte muy desagradable de este trabajo”. Hay herederos que no han hecho absolutamente nada para llevarse el beneficio del trabajo o lo que sea de los padres, mientras que hay herederos que se dejan la piel por sus padres cuando están desprotegidos. La herencia es una injusticia por sí misma. Todos conocemos familias que, de hecho, no merecerían, del primer heredero al último, ni un céntimo del patrimonio de sus padres. El derecho adquirido de los golpes de pecho a veces sonroja.

Los datos de la OCDE avalan la reflexión de Ortiz. En Andalucía un tercio de la población percibe herencias de algún tipo y sus montantes son superiores a los de la media de los países desarrollados. La herencia media de una familia no considerada rica, es decir, una economía que se mueve por ingresos inferiores a a los 50.000 euros al año, es de 42.000 euros, lo que dividido entre hermanos es nada. Por esas herencias no hay que pagar nada.

La batalla ideológica está servida. Si hay algo en lo que no tienen conflicto Vox, PP y Ciudadanos es en eliminar este impuesto. Nada más conocerse los resultados del 2 de diciembre Vox no habló ni de inmigración ni de violencia de género. Santiago Abascal dijo que no pondría objeción al cambio y sólo mencionó una cosa: “Exigiremos la eliminación del impuesto de sucesiones”. Está en el acuerdo de Ciudadanos y PP y en el de Vox y PP.

El impuesto de sucesiones es estatal pero sus competencias están cedidas a las autonomías. Unas, como Madrid, apenas lo aplican, en una decisión de la ex presidenta Esperanza Aguirre, y otras, como Asturias, con gobierno socialista, lo mantienen y lo mantienen alto, ya que la exención es para familiares directos está fijado en 300.000 euros. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere blindar el impuesto con un tipo mínimo estatal fijo porque los socialistas siempre han defendido que las campañas conservadoras contra el impuesto se basaban en “mitos”. Incluso la Consejería de Hacienda llegó a lanzar un simulador para demostrar a la población que, en la mayoría de los casos, no tendrían que pagar nada por recibir una herencia.

Desde Podemos, muy defensores de este impuesto, “es difícilmente justificable que el acto de heredar un patrimonio no tenga imposición, cuando las rentas del trabajo se encuentran mucho más gravadas”.

Es un ejemplo de debate que, en realidad, no afecta a una gran parte de la población (aunque hay casos de injusticia como los expuestos), pero, como se ha visto en el pacto andaluz, es capaz de encaramarse como un asunto que encabece los titulares de un acuerdo de gobierno. Es lo que ocurre con historias repetidas muchas veces. La estrategia es antigua.