El Ejecutivo andaluz quiere "blindar" la figura del maestro en Andalucía. Lo hará por medio de la ley de Reconocimiento de Autoridad del Porfesorado, cuyo anteproyecto ha quedado aprobado este martes en un Consejo de Gobierno celebrado la Alhambra de Granada. "Hay que dignificar la figura del maestro", ha apuntado el propio Juanma Moreno, que ha comparecido junto al vicepresidente Juan Marín en el Palacio de Carlos V de la capital nazarí.

La norma está inspirada en leyes similares aprobadas en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid hace ya varios años. La base del texto consiste en otorgar "protección jurídica y psicológica" a los docentes de la enseñanza no universitaria, es decir, Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, enseñanzas artísticas y Formación Profesional. 

Esta ley es una de las primeras impulsadas por el Gobierno de PP y Ciudadanos desde su llegada a San Telmo, hace ahora año. Una vez que se apruebe, los profesores serán reconocidos como autoridad pública, lo que les otorga la presunción de veracidad. Esto significa que los "hechos constatados" por el profesorado de la comunidad tendrán valor probatorio, salvo que haya pruebas fehacientes que lo contradigan. Estas pruebas, según el anteproyecto, contempla que sean los alumnos quienes puedan aportar estas pruebas.

Además, los alumnos deberán reparar los daños que causen, ya sea de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones y materiales del centro, así como a las pertenencias de los miembros de la comunidad eduativa. Los representantes legales de los menores serán los responsables civiles de sus obras. En caso de agresión al profesorado, la reparación del daño consistirá en la petición de excusas además de las medidas disciplinarias que impongan los docentes o la posible responsabilidad civil o penal, ya que la ley contempla la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal si se ha producido un posible delito.

Según ha explicado Moreno, los profesores tendrán derecho a recibir un trato y una consideración adecuada a su labor "dentro y fuera de los centros educativos", tanto por parte de los alumnos como de sus familiares. Precisamente los representantes legales de los menores tendrán el deber de "colaborar" para "obtener información" necesaria para que el profesorado pueda "aplicar las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes". En este apartado destaca el impulso de las "comisiones de convivencia" para evitar los conflictos en los colegios e institutos. 

La Consejería de Educación y Deporte se compromete, por medio de esta ley, a favorecer en la enseñanza "el reconocimiento de la labor del profesorado", así como formar a los docentes en los derechos que derivan de la norma. También tendrá que desarrollar los protocolos que permitan otorgar la protección jurídica y psicológica a los maestros que contempla el texto, así como "reconocer la labor de los docentes con medidas que incidan en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas".