Los peritos judiciales no actúan en la macrocausa de los ERE como interventores de la Administración General del Estado (IGAE), sino como peritos de auxilio judicial que fueron nombrados en su día por la juez Mercedes Alaya, de acuerdo con su experiencia profesional y conocimientos profesionales. Así lo han reconocido los peritos a preguntas del abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, quien les ha preguntado sobre un auto del 27 de febrero de 2014 de la juez Alaya, en el que la que fuera instructora de las macrocausas exponía que “debe quedar claro” que estos peritos “no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales, sino como peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia”.

La aclaración de Alaya en ese auto se produjo después de que el interventor general de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, remitiese a la magistrada un oficio contestando al requerimiento efectuado por el juzgado para que ampliara la pericia, en el sentido de determinar “qué podía haber hecho la Cámara de Cuentas” de Andalucía a la luz de la información recibida para “poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención general de la Junta y en definitiva para evitar la continuidad del programa 31L a través de las transferencias de financiación al IFA/IDEA”.

Para el interventor general del Estado, la petición de valorar el ejercicio de sus competencias por la Cámara de Cuentas “sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios de la IGAE, por cuanto estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo cual excede el marco institucional que corresponde propiamente a los funcionarios de la IGAE como personal al servicio del órgano de control interno del sector público”.

Mohedano le ha dicho a los peritos, parafraseando la afirmación de los peritos respecto al supuesto engaño del Parlamento andaluz en relación con las ayudas, que al denominarlos "peritos de la IGAE" se "induce a error", a pensar que intervienen en el procedimiento como interventores. Eduardo Villaseca, uno de los tres peritos que comparecen a instancias del juzgado, ha reconocido que "tienen claro" que no actúan en el procedimiento como interventores generales del Estado, a lo que Ángel Turrión ha añadido que la defensa estaba afirmando cosas que estaban "perfectamente aclaradas tanto en esta comparecencia como en el propio informe" que han elaborado, y ha agregado que fueron "nombrados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, no por la Intervención" del Estado.

Turrión añadió que ellos "no son nadie para enjuiciar a la Cámara de Cuentas" y ha asegurado que no tenían competencia para hacerlo.

El tribunal pide a peritos y abogados "la máxima corrección"

Mohedano y el jefe de los peritos de auxilio judicial, Ángel Turrión, han mantenido a lo largo de esta sesión un rifirrafe durante el interrogatorio, en el que el perito le ha reprochado en varias ocasiones que le interrumpía y el abogado le ha espetado que él "pregunta una cosa y el perito contesta otra". El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, intervino para afirmar que "tanto los peritos como las partes deben adecuarse a la máxima corrección".

El letrado del ex presidente José Antonio Griñán también ha interrogado a los peritos oficiales en relación con la declaración de la interventora general adjunta Teresa Arrieta, quien en su declaración aseguró que el Reglamento de la Intervención de la Junta no impone "ninguna obligación" al consejero de Hacienda de elevar al Consejo de Gobierno los informes de control financiero de la Intervención General de la Junta en los que se alertaba del uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas bajo sospecha.

Arrieta señaló que el decreto 9/9 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta es una "norma del mismo rango" que el reglamento de la Intervención y concluía que el decreto era la norma vigente sobre la tramitación y efectos de los informes de control financiero, quedando derogadas las disposiciones del reglamento que regulaban las mismas materias. Turrión ha coincidido en que es una norma del mismo rango, pero ha mostrado su disconformidad con la interventora porque, según ha dicho, "no se deroga de manera expresa ni tácita".

Los peritos oficiales han reiterado que no pueden estimar si "hubo o no menoscabo" de fondos públicos, algo que según ha dicho Turrión representa "un juicio de valor", y también que en su opinión el interventor general de la Junta Manuel Gómez debió haber emitido el "informe de actuación" que hubiera determinado que las deficiencias se elevaran al Consejo de Gobierno de la Junta.

Turrión también ha señalado que "no tiene constancia" de que los informes con las deficiencias fuesen recibidos por el entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán, pero ha insistido en que esos informes se enviaban a la viceconsejera para su "traslado" al consejero.