Andalucía

El juez mantiene imputado a Rivas en las sobrecomisiones de los ERE

  • El magistrado eleva a 30 el número de investigados en esta pieza, entre ellos, un sindicalista de CCOO

El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, en los juzgados cuando declaró por los ERE. El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, en los juzgados cuando declaró por los ERE.

El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, en los juzgados cuando declaró por los ERE. / juan carlos vázquez

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín ha decidido mantener la imputación del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE y ha ampliado a 30 el número de investigados en esta pieza separada de la causa principal. Tras ser imputado por la juez María Núñez Bolaños, la defensa del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas preguntó a la instructora si lo había imputado "por error" en la nueva pieza de las sobrecomisiones, como ocurrió con el ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, a quien la instructora imputó un día y al día siguiente lo desimputó tras comprobar que había sido incluido por una equivocación.

El abogado Jon Ander Sánchez, que representa al ex delegado de Empleo, solicitó el archivo de la causa contra Antonio Rivas al considerar que no ha tenido "ninguna participación" en la tramitación de las pólizas en las que las entidades mediadoras percibieron unas sobrecomisiones que superan los 66 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011.

Sin embargo, el juez Álvaro Martín ha dictado ahora un nuevo auto en el que concluye que "no procede rectificar" la anterior resolución en los términos propuestos por la defensa de Rivas, porque considera que éste como delegado de Empleo "consintió y favoreció el desarrollo de expedientes de regulación de empleo, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de intrusos y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas".

En el auto, el juez ha sacado de esta pieza de las sobrecomisiones a cuatro intrusos -Antonio Garrido Santoyo, Damián Jiménez Ruda, Luis Javier García de los Reyes y Mariano Martínez Fernández-, al estimar que no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento "de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas".

Además, el juez ha ampliado igualmente la imputación a otras 19 personas de acuerdo con la petición de la Junta, con lo que el número de investigados en esta pieza asciende ya a 30. Entre los nuevos investigados figuran María Ángeles Sierra, esposa del conseguir Juan Lanzas; el ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO Juan Antonio Florido, así como trabajadores de la consultora Vitalia y del despacho de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís.

En el auto, el juez Álvaro Martín recuerda que en el marco de las ayudas que se concedían por los ERE se precisó la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, "las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado. Se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto de este procedimiento".

En la pieza de las sobrecomisiones, Bolaños había imputado a 15 personas, entre ellos, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Entre los 15 imputados se incluyen además varios testaferros de Lanzas y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas.

En el auto dictado el pasado 8 de junio, Bolaños consideraba que los hechos que se investigan en esta nueva pieza pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y se refería expresamente a "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto a pesar de ser todo ello presuntamente ilícito".

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