Mafia del taxi

Los 12 taxistas investigados por reventar el mitin de Susana Díaz declararán el 9 de abril

  • El PSOE ratifica ante la juez que fueron hechos “violentos y desagradables, nunca vistos antes”

Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz

Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz / M. G.

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Los 12 taxistas que han sido investigados por un delito electoral, por haber reventado presuntamente el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, comparecerán ante la juez el próximo 9 de abril, según confirmaron fuentes del caso, que señalaron que la instrucción de esta causa –que inicialmente se pretendió acumular al juzgado de Instrucción número 8– corresponde al juzgado número 1, que dirige la juez Elvira Alberola.

El secretario de organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, y el secretario de coordinación, Juan Antonio Barrionuevo, han prestado declaración hoy ante la instructora, ratificando la denuncia y explicando que el boicot al mitin fue un hecho “muy violento y desagradable”, llegando incluso a afirmar que “nunca habían visto nada igual”.

Otras fuentes apuntan que los taxistas tenían intención de hablar con la entonces presidenta de la Junta "antes o después del mitin", por lo que niegan esa supuesta violencia en la concentración de los taxistas.

Tras la ratificación de la denuncia, la magistrada ha citado a declarar el 9 de abril a los 12 taxistas imputados por delito electoral, que protestaban por el conflicto surgido a raíz de la proliferación de licencias concedidas a los (VTC) y que fueron identificados por las licencias de sus respectivos coches, que habían aparcado en una explanada cercana, así como por los vídeos grabados con motivo de los incidentes que se produjeron a las puertas del Teatro Romero de San Juan de Aznalfarache.

A estos doce taxistas se les atribuye un delito contemplado del artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que contempla penas de entre tres y doce meses de prisión o multa de seis a 24 meses, como responsables de un delito de alteración del orden del acto electoral, a quienes “perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales”.

De los doce taxistas citados a declarar por la Brigada de Información, sólo algunos de ellos accedieron a prestar declaración en su momento ante la Policía, y otros tantos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El atestado elaborado por la Policía fue remitido inicialmente a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que mantiene abierta una macrocausa en la relación con la mafia del taxi, por si los hechos podrían enmarcarse dentro de la supuesta trama criminal que se instruye por los incidentes relacionados con las actuaciones de los taxistas en el aeropuerto de San Pablo, así como por los ataques que han sufrido diversos conductores de las empresas de VTC y también el incendio el 2 de mayo de 2017 en una villa de Castilblanco de los Arroyos de nueve coches de Cabify que llegaron como refuerzo para la Feria de Abril, causa esta última que ha sido archivada recientemente.

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