Macrocausa de los avales

Críticas al PP por atacar la “probidad y honorabilidad” de la juez Bolaños

  • Las defensas lamentan que la acusación popular "haya rebasado todos los límites" al acusar a la instructora de tres delitos.

La Juez María Núñez Bolaños, en la puerta de la Audiencia de Sevilla. La Juez María Núñez Bolaños, en la puerta de la Audiencia de Sevilla.

La Juez María Núñez Bolaños, en la puerta de la Audiencia de Sevilla. / antonio pizarro

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Varias defensas han presentado sendos escritos en los que critican la actitud de la acusación popular por atacar la “probidad, honorabilidad y rectitud” a la juez María Núñez Bolaños y llegar a una “aberrante conclusión” en la que le atribuyen a la instructora tres delitos.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, uno de los defensores que ha solicitado el archivo de la causa de los avales, ha respondido a un recurso de apelación del PP recordando que la juez María Núñez Bolaños “viene cumpliendo con toda corrección su deber de Estado al desarrollar la presente investigación desde indudable probidad, adoptando las decisiones que en cada momento ha estimado conducentes, bien por impulso de oficio, bien atendiendo cuanto ha tenido a bien resolver este tribunal de apelaciones”.

El letrado añade que el PP ha invertido una cantidad de tiempo y energía en “construir una pura extravagancia en el sentido de que la juez habría incurrido en nada menos que tres delitos: no se recata ni se tienta la ropa aquella representación antes de desahogarse en tal forma en un escrito procesal”. Esta defensa lamenta el "inclasificable cariz de tales invectivas que, sin embargo, quedan en pura afirmación voluntarista sin el menor sostén argumental; abominable y descarnado infundio que, excediendo toda medida de lo incluso muy laxamente admisible, no debería quedar sin corrección", asevera Martínez del Hoyo.

El letrado agrega que una cosa es que la acusación popular disienta de las resoluciones de la juez, "pero de la natural discrepancia de pareceres con el órgano de instrucción, razonablemente hecha a valer a través del juego de los recursos, a esta nada velada sino grosera e insoportable acusación de prevaricación judicial hay un abismo. Lamentamos profundamente que la acusación popular haya rebasado todos los límites", concluye.

Pertubar la paz y sosiego de la instructora

Por su parte, el abogado Juan Carlos Alférez, ha mostrado igualmente su rechazo a cualquier ataque a la probidad de la instructora, en aras de “dejar incólume y no dañar la independencia, objetividad e imparcialidad del juez”. El defensor, que también ha pedido el sobreseimiento, señala que no puede compartir las "gruesas afirmaciones" del PP, por cuanto tiene la "plena convicción" de que el actuar de la juez está presidido por la "valoración profesional y en conciencia que cada magistrado es libre de realizar", añadiendo que manifestaciones como las vertidas por la acusación popular "corren el riesgo de introducir un elemento de perturbación en la paz y el sosiego procesal que cada juez debe tener para no perder la objetividad y la independencia, siendo ello un elemento que pudiere acabar produciendo un claro perjuicio a todas las partes procesadas y al proceso en sí".

Alférez cita las palabras que en el siglo XIX pronunció el ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez sobre la figura del juez instructor, cuando recordó que el juez instructor debe obrar "siguiendo libremente las inspiraciones de su conciencia, exento de las pasiones que enciende siempre la lucha en el ánimo de los contendientes y sin el aguijón del amor propio excitado en el juez instructor por las estratagemas que en ocasiones emplean el acusado y el acusador privado para burlar sus investigaciones y, aun sin esto, por las mismas dificultades inherentes de ordinario a la instrucción".

Por último, el abogado señala que considera que la juez Bolaños "ha obrado en esta causa con total probidad, bajo el dictado de su conciencia y su criterio profesional y todo ello sin perjuicio de que esta parte, como es lógico, también haya disentido de su criterio jurisdiccional en diversas ocasiones mediante el uso de los recursos ordinarios que la ley nos confiere pero bajo el marco de la debida consideración y respeto".

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