El juzgado de Instrucción número 1 de Marchena recibió este martes el atestado policial sobre el accidente del tren que cubría la línea Málaga-Sevilla del pasado 29 de noviembre, a su paso por la localidad de Arahal y que provocó heridas a 37 personas, y ha incoado diligencias previas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La magistrada va a solicitar ahora varios informes a Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para conocer el estado del convoy y la influencia en éste de la situación meteorológica -esa noche hubo intensas lluvias y se registraron hasta 120 litros por metro cuadrado según los pluviómetros de la localidad-, así como el contenido del visionado de la caja registradora jurídica (similar a la caja negra de los aviones) que indicará, entre otros datos, la velocidad a la que se circulaba el tren.

Estos informes, que se espera que sean remitidos al juzgado en unos meses, permitirán a la magistrada determinar si existe base jurídica penal para seguir con la investigación y entonces, entre otras diligencias, proceder a citar a declarar a testigos y peritos, según explicaron las mismas fuentes.

El terreno por el que circulaba el tren accidentado estaba demasiado blando. A pesar de eso, un tren había pasado sin problema por el mismo punto antes del accidentado. La vía se había cortado desde las 07:45 hasta las 09:30, hora en la que los responsables de Adif decidieron reabrirla pensando que el riesgo ya había pasado. Incluso habían avisado a los pasajeros de que se prepararan para hacer un transbordo en autobús.

A las 9:45 el revisor avisó del transbordo por el mal estado de la vía, pero un cuarto de hora después dijo que seguirían el viaje hacia Sevilla en el tren. La vía no pudo soportar el peso, se hundió y rompió, a las 10:21. El convoy siguió adelante unos 200 metros más, terreno en el que sorteó un puente y un talud contra el que un choque habría resultado fatal. Todo este tramo lo hizo con el último vagón fuera de los raíles. En el accidente resultaron heridos 37 de los 79 pasajeros que había dentro.

De otro lado, un grupo de heridos están estudiando acudir también a los tribunales, aunque a la vía contencioso-administrativa, para reclamar responsabilidades a la Administración por el siniestro. Según informó el Bufete Osuna Abogados, el daño ocasionado "podría derivar en una responsabilidad patrimonial" de Adif que se encarga de la infraestructura de los ferrocarriles, por la decisión de abrir la vía, "a pesar del estado de la misma por las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal".