El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por un presunto fraude de subvenciones por la ayuda de 2,4 millones que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla, ha decidido prorrogar por otros seis meses la investigación, atendiendo de esta forma a la petición realizada recientemente por la Fiscalía. 

En un auto, el juez ha puesto de manifiesto que una vez analizada la causa y vistas las alegaciones de las partes, procede acordar la prórroga de la investigación por otros seis meses, teniendo en cuenta que la instrucción no podía acabar antes del 20 de enero de 2022 debido a las declaraciones de nuevos testigos, por lo que el nuevo plazo comenzará a partir de esa fecha. Esto implica que la instrucción de esta causa por un presunto fraude de subvenciones debería finalizar como máximo el 20 de julio de 2022.

En esta investigación han sido citados a declarar 16 nuevos testigos, entre los que se encuentran el oficial de la notaría que intervino en las operaciones relacionadas con la ayuda de 2,4 millones de euros concedida por el Ministerio de Industria, así como un promotor inmobiliario al que se habrían prestado 200.000 euros. En este caso, la acusación popular que ejerce Podemos en la causa pidió que se citara a declarar como testigo a un "posible cliente" del despacho profesional de Serrano que habría recibido un préstamo de 200.000 euros de la sociedad Biowood Niebla.

Se trata de Manuel G. G., un "posible cliente" del bufete de Serano que habría sido beneficiario de un préstamo de 200.000 euros concedido por Biowood Niebla el 23 de enero de 2017, "sin que conste la amortización y los intereses devengados, razón por la que se considera pertinente y útil la práctica de esta testifical", según señaló entonces la acusación popular.

El juez también acordó que se cite a declarar como investigados a los representantes legales de las sociedades Bio Wood Niebla e Inversiones Serralba, en las que figuran como administradores los socios de Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, respectivamente, precisa el auto, que también acuerda que declare como testigo la administrativa de Serralba.

La Fiscalía de Sevilla se opuso recientemente a la petición de imputar al notario que intervino en las operaciones relacionadas con la ayuda de 2,4 millones de euros concedida al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano. En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, la fiscal de delitos económicos considera que no se puede imputar al notario A. S. F., que autorizó la escritura de constitución de la empresa Biowood Niebla S. L. como posible cooperador necesario del delito porque el notario "no tiene la obligación legal de comprobar las aportaciones no dinerarias en la constitución de una sociedad limitada". La fiscal añadió que el notario, en estos casos, se limita a "recoger las manifestaciones de los constituyentes que serán los que bajo su cuenta y riesgo respondan de la veracidad o no de las mismas", según se desprende del artículo 15.4 de la ley 14/2013, de 27 de diciembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que regula la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada.

En este sentido, señala que el notario sólo tiene la obligación de comprobar la realidad de las "aportaciones dinerarias e incluso con excepciones", y de la escritura de constitución de Biowood Niebla se infiere que el notario acreditó mediante certificación el ingreso de las aportaciones dinerarias -7.000 euros en total- en la cuenta de la empresa en una entidad bancaria, que "es a lo que le obliga la normativa citada". De esta forma, la Fiscalía añade que la empresa se habría constituido "tanto si se hubiese acompañado las facturas pro forma de la maquinaria como si no", por lo que "no se puede imputar al notario una participación indispensable en el delito, al no tener responsabilidad sobre las aportaciones no dinerarias".

El Ministerio Público reconoce que "obviamente se empleó por los investigados dichas manifestaciones sobre una maquinaria que no poseían, unidas a las facturas pro forma que aportaron al expediente del Ministerio de Industria para inducir a error al órgano concedente de la subvención, pero ello queda al margen de la responsabilidad del notario", concluye.

En el mismo escrito, la acusación pública reitera que "los elementos del tipo del delito" que se investiga "constan acreditados desde el momento en que se objetiva que la maquinaria que se entregó en concepto de aportación no dineraria para la constitución de la sociedad no se encontraba a disposición de los investigados, por lo que el capital social de la mercantil se incrementó de forma ficticia y ello repercutió en el importe del crédito Reindus que recibieron, que podría hacer hasta el triple de dicho capital social". Para la Fiscalía también consta que el proyecto por el que se solicitó y concedió el crédito "no ha llegado a ejecutarse, empleándose el importe recibido para fines distintos de aquellos para los que fue concedido".