La interventora provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz, Nieves Chao Serrano, ha asegurado este martes ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga la pieza separada de los cursos de formación que afecta a los directores del SAE, que elaboró un “borrador” de informe de actuación porque consideró que este organismo no había cumplido las recomendaciones que le había dado la Intervención para el control de las actividades de formación.

La interventora ha afirmado que, en su opinión, el SAE debería haber sido “más estricto en la gestión y control de los cursos”, han explicado fuentes del caso, que han añadido que esta funcionaria ha señalado que el esquema general diseñado para el control de estas actividades se rompía con las denominadas “exceptuaciones”.

La funcionaria, que ha declarado como testigo ante la juez Bolaños, ha dicho que en la provincia de Cádiz sólo se presentaba el informe de auditoría y ha añadido que el delegado tenía que rectificarlo porque al analizar el certificado se comprobaba que los gastos que figuraban eran “menos” de los que se habían realizado.

La interventora ha recordado que el informe especial sobre los cursos del periodo 2009-2010 se encargó ante las “graves irregularidades” que se habían detectado, y ha subrayado que el órgano gestor, en alusión al SAE, no fue capaz de aportar la resolución de homologación de los centros que impartían las actividades y no existía la documentación concreta sobre la homologación. También ha afirmado que en ocasiones llegaban homologaciones de centros que no se correspondían con los cursos impartidos.

En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla también ha comparecido como testigo el interventor del SAE en Almería, Juan José Castillo Gualda, quien ha explicado que antes del año 2015 para hacer su labor fiscalizadora sólo tenían que pedir el certificado de finalidad y se basaban en el informe de los auditores externos, mientras que a partir de esa fecha había que solicitar el certificado de finalidad y el “25% de la documentación” de los cursos, como facturas, gastos, etc. Este funcionario ha reconocido había “retrasos en la justificación” de las subvenciones y que no se cumplía el requisito de contratar al 60% de los alumnos una vez finalizada la actividad.

Se trata de los dos primeros interventores que declaran ante la juez Bolaños, que no les ha planteado ninguna pregunta, aunque sí la Fiscalía Anticorrupción, acusación pública que no obstante no ha interrogado a los interventores sobre si consideran que hubo “menoscabo” de los fondos públicos destinados a los cursos de formación.

El fiscal delegado de Anticorrupción sí ha mostrado su sorpresa ante algunas respuestas dadas por los interventores y ha apuntado que en esta causa judicial ha habido incluso detenciones por delitos.

Estos interventores sí apuntaron con anterioridad, en su declaración en la comisión de investigación del Parlamento andaluz, que los expedientes de las ayudas “están vivos”, por lo que cualquier subvención concedida de forma irregular puede todavía ser recuperada. El interventor de Cádiz dijo que “el daño todavía no se ha producido”, porque los expedientes “no han prescrito”, mientras que la funcionaria de Cádiz indicó que al 100 por 100 no podía asegurar “ni que vaya a haber menoscabo ni que no, puesto que la posibilidad es de reintegro. Una vez que no se produzca ese reintegro sí que habría menoscabo”.