Chaves y Griñán más cerca del banquillo de los ERE. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín notificó ayer el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en relación con el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE. El auto, que acuerda la apertura de juicio oral contra otros 24 ex altos cargos entre los que destacan los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, impone una fianza de 4.214.702 euros a José Antonio Griñán y a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo; de 6.229.108 euros al ex consejero José Antonio Viera Chacón; y de 3.763.332 euros a Francisco Vallejo.

El juez les ha dado a estos cuatro investigados un plazo de 30 días para que presten la fianza y en el auto explica que para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los "ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda cavar siendo exigida de un modo solidario". Dice el juez que asimismo se ha "ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado", precisa el magistrado, que recuerda que contra este auto no cabe recurso -salvo en lo que se refiere a la situación personal de los acusados, es decir, a las fianzas- y añade que en atención al delito perseguido procede declarar competente para el conocimiento y enjuiciamiento de este caso a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Con respecto a los otros 14 ex altos cargos imputados por el delito de malversación (Antonio Fernández, Agustín Barberá, Justo Mañas, Jesús Rodríguez Román, Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete y Antonio Valverde), el magistrado acuerda incorporar al procedimiento las medidas de afianzamiento de la responsabilidad civil que se acordaron en su día en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz de los ERE.

Por último, el instructor ha ordenado dar traslado de las actuaciones a las defensas de los 26 acusados para que en el plazo común de 30 días presenten sus escritos de defensa y en este sentido precisa que "si las partes acusadas no presentaren el escrito en el plazo señalado se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse", de acuerdo con lo previsto en el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

El juez de refuerzo de los ERE Álvaro Martín dictó el 31 de mayo otro auto en el que dio por concluida la instrucción que la juez Mercedes Alaya inició hace cinco años y procesó a 26 personas, entre ellas los ex jefes del Ejecutivo andaluz y otros ex altos cargos de la Administración andaluza por el fraude vinculado a las ayudas de los ERE.

En ese auto, el magistrado consideró que hay indicios de un delito continuado de prevaricación porque se han vulnerado "de modo palmario" criterios como el de "servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines".

El auto señalaba que tanto Chaves y Griñán como otros ex altos cargos "mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, y a los procedimientos de presupuestación, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser un explicación inaceptable".

El magistrado reprocha en el auto que los acusados conocían las irregularidades relacionadas con subvenciones y participaron del "plan" establecido en el año 2000 para eludir los controles de la Intervención y que permitió la "falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas". En el caso de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el auto señala que como responsables máximos del Gobierno andaluz el primero "impulsó" la implantación del procedimiento para la distribución de las ayudas y subvenciones, y el segundo lo "mantuvo", conociendo ambos tanto los mecanismos de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias como la falta de un procedimiento dotado de las "mínimas y elementales garantías para el reparto de las ayudas".

La actuación de los ex presidentes, continuó el instructor, se llevó a cabo con "conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, así como que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares".

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de conclusiones provisionales en el que solicita una condena de seis años de prisión y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que está procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con el fraude los ERE, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La Fiscalía ha pedido la misma pena de seis años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, para el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y para el director general de Idea Antonio Valverde.

La Fiscalía pide que los 18 acusados a los que se atribuye el delito continuado de malversación respondan además solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

Anticorrupción cifra la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria estos 18 acusados por malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros.

La acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía reclama una condena de dos años de cárcel para Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito de asociación ilícita, aunque en el caso de Griñán reclama otros seis años de cárcel por un delito de malversación continuada.

De la cárcel al archivo

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha pedido el archivo de esta pieza de los ERE porque considera que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas. Con esta doble argumentación, la Junta de Andalucía solicitó el archivo de esta pieza separada de la macrocausa. El escrito elaborado por los servicios jurídicos de la Junta  analiza a lo largo de 69 folios el auto de procesamiento dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín y concluye que no puede sostenerse una acusación contra los ex presidentes ni contra el resto de ex altos cargos procesados, a los que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión e inhabilitación. La acusación particular considera que la tesis sostenida en el auto y en el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a los que critica con vehemencia, "parte de la existencia de una trama criminal, que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas", precisa el escrito.