Diez años de pleitos judiciales, 13 resoluciones favorables y sólo ha logrado que le otorguen un régimen de visitas con sus dos hijos gemelos, tras retirarle la Junta de Andalucía su tutela. Ahora, Alejo Pozo Ruiz ha reclamado al Gobierno andaluz una indemnización de 1,5 millones de euros por la retirada "irregular" de dos de sus cuatro hijos, los gemelos Ignacio y Azucena, ante la imposibilidad de que vuelvan a vivir con él después de diez años residiendo con un matrimonio de acogida.

El padre, albañil de 64 años y que reside con otra hija de 11 años, tiene a su favor 13 resoluciones judiciales que ponen de manifiesto que la retirada de estos dos niños del hospital fue "apresurada e inadecuada" por parte de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

La última sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), le ha concedido 60.000 euros de indemnización, pero el padre ha recurrido porque, según su abogado, Gabriel Velamazán, este caso es "peor" que el de Carmen Fernández, a la que le retiraron a sus hijos Iván y Sara y que logró 1,7 millones de indemnización tras un calvario semejante. Carmen Fernández falleció hace dos años sin recibir la totalidad de la indemnización.

Alejo Pozo aseguró ayer que la actuación de la Junta le ha "roto la vida" y ha recordado que a su mujer -una educadora social que tenía problemas de drogadicción, causa de la retirada inicial de los niños-, le aconsejaron que abortara y cuando decidió tener a los gemelos se los llevaron del hospital a los 13 días de nacer.

Al final, su mujer se quitó la vida, algo que Alejo achaca a la retirada de los dos niños. El padre de los gemelos asegura que el mismo día que estaba enterrando a su esposa, le telefonearon desde la Junta para que también entregara a Alejandra. "El daño que se me ha causado es grandísimo", aseveró Alejo Pozo, que consideró que el dinero de la indemnización -que sólo lo quiere para sus hijos- es "una miseria que no da ni para comprar una plaza de garaje".

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social anunció ayer que no recurrirá la sentencia que ha concedido 60.000 euros al padre. Fuentes del departamento de Micaela Navarro explicaron ayer que aún no se les ha hecho ningún requerimiento de pago -la sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo- e insistieron en que "mantienen la actuación de los servicios sociales porque siempre han actuado en defensa del interés de los menores".