Educación concertada La Junta ataca a Celaá por cuestionar la libertad de elección de los centros

Un padre consulta las listas de admisión de alumnos en un centro de enseñanza de Granada. Un padre consulta las listas de admisión de alumnos en un centro de enseñanza de Granada.

Un padre consulta las listas de admisión de alumnos en un centro de enseñanza de Granada. / Pepe Torres

La Junta de Andalucía se revolvió ayer contra el Gobierno en funciones como consecuencia de unas declaraciones efectuadas el día anterior por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en las que señaló que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza para sus hijos no es una "emanación estricta de la libertad reconocida en la Constitución".

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, cuyo departamento está elaborando una nueva reglamentación que trata de profundizar en esa libertad de los progenitores para elegir centros, se preguntó si la afirmación de la ministra en funciones se debió a un mero "lapsus", a "un guiño a su nuevo socio de Gobierno" o, directamente, a que Celaá "ya se está podemizando".

La referencia de Imbroda a Podemos tiene su origen en los debates que el consejero mantiene periódicamente en el Parlamento andaluz con los portavoces de Adelante Andalucía, grupo compuesto por Podemos e Izquierda Unida. La futura nueva norma andaluza sobre elección de centros ha acarreado discusiones políticas que, como en el caso de la polémica alentada ayer por el PP y los gobiernos autonómicos administrados por él, han derivado en debates sobre la legitimidad de la escuela privada concertada.

Si se trata de una red educativa complementaria o subsidiaria de la red pública o, más concretamente, si la futura norma andaluza sobre la libre elección "debe eliminar el criterio" que satisfaga la "demanda social" si ésta se centra "en centros educativos privados concertados", dijo hace dos semanas en el seno de la Comisión de Educación la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo, basándose en los datos empíricos sobre la preferencia de los centros escolares de los padres curso tras curso.

La repercusión indirecta que las palabras de la ministra tiene sobre la educación concertada no sólo fue discutida ayer por la secretaria general del PP-A, Loles López, sino por varios miembros destacados del Gobierno andaluz.

Aparte de las reacciones publicadas en las redes sociales firmadas por el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, el mismo Juanma Moreno dejó escrito un ataque al Gobierno central: "Mientras Pedro Sánchez ataca la educación concertada, Andalucía avanza en un pacto social por la mejora de nuestro sistema educativo", citó Europa Press en una nota. Dirigentes de la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, cargaron contra la ministra y Sánchez por la misma razón y con los mismos argumentos.

Lo que dice la Constitución

De vuelta a las declaraciones del jueves de Celaá, quien ayer respondió a los ataques tranquilizando al sector de la escuela concertada, pues su departamento "no tiene ningún plan para revisar los acuerdos religiosos contra la Santa Sede", dijo que "una cosa es el derecho constitucional –el artículo 27 de la Constitución recoge la libertad de enseñanza y la garantía a que los escolares reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a las convicciones de los padres– y otra es una libertad de elección de los centros", recogió Efe sobre una afirmación de la ministra durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer.

En cuanto a las palabras pronunciadas el jueves por Celaá durante el XV Congreso Escuelas Católicas, el diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García consideró que los partidos de derecha "siempre ha hecho una interpretación un poco perversa de la libertad educativa" y aclaró la postura de su grupo parlamentario solicitada en multitud de ocasiones por Imbroda en la Comisión de Educación: "Apostamos por la eliminación de la educación concertada a medio plazo, garantizando que la educación pública debe ser la prioritaria y la concertada o privada, subsidiaria".

Para zanjar una cuestión que ha adquirido tintes partidarios en un contexto de la negociación de un Gobierno de izquierdas en Madrid, el consejero andaluz de Educación declaró ayer en Almería, citado por Efe, que en la normativa andaluza "está recogida la libertad de elección de las familias, como no puede ser menos" y se mostró sorprendido cómo "determinados colectivos y pensamientos tienen miedo a la libertad". Imbroda no hizo sino trasladar a Madrid las discusiones de la Cámara andaluza sobre la modificación de la normativa de elección de centros.

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