El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha puesto a disposición del Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en la macrocausa de los cursos de formación, las grabaciones de las declaraciones tras haber verificado la letrada de la Administración de Justicia que las mismas están “íntegras y completas” en el sistema informático judicial Arconte. La polémica por la entrega de las grabaciones, que el PP denunció que le habían sido entregadas incompletas, provocó una “recusación administrativa” de la instructora ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue rechazada de plano.

Según fuentes del caso, el juzgado puso a disposición del PP la semana pasada una nueva copia de todas las grabaciones, pero hasta el momento esta acusación particular no ha procedido a retirar los discos.En julio pasado, la acusación popular reiteró al juzgado su petición para la entrega de una copia de todas las "grabaciones audiovisuales originales" de las declaraciones prestadas en el curso de esta investigación.

Después de solicitar en un primer escrito estas grabaciones, la juez María Núñez Bolaños dictó un auto en el que recordaba a la acusación popular en la macrocausa de los cursos de formación que la grabación audiovisual de las declaraciones es el "acta" de las mismas y requirió al PP para que entregue en el juzgado "todas" las grabaciones que les han sido facilitadas, detallando por "minutos" los defectos que hayan detectado.

El PP no accedió a entregar sus grabaciones y presentó un nuevo escrito en el que justificaba la reiteración de la entrega de las copias. "Siguiendo expresas instrucciones de mi cliente, venimos a solicitar a la letrada de la Administración de Justicia, como garante de la fe pública y de la documentación de las actuaciones, que nos haga entrega de certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones de testigos e imputados celebradas hasta la fecha en las presentes diligencias", precisaba el escrito del PP.

Grabaciones "defectuosas, incompletas y contrarias a las actas"

En su primer escrito, el PP aseguraba que todas las grabaciones que le habían sido entregadas en relación con los cursos de formación son "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas que se han entregado de las declaraciones".

En respuesta a esa petición, Bolaños señaló en primer lugar en su resolución que, de acuerdo con los artículos 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 145 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias, pero cuando se utilizan medios técnicos de grabación o reproducción, "el letrado de la Administración de Justicia –antes secretario- garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido, siendo pues el responsable  tanto de la grabación como de las copias que se entreguen a las partes". La grabación, proseguía el auto, "constituye el acta de documentación de la actuación procesal y se prohíbe su transcripción", de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que "las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y  reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse".

La juez reclamó al PP que aportara "todas las grabaciones entregadas en el soporte original, con indicación del defecto concreto y minuto en el que se produce, a fin de que por la letrada de la Administración de Justicia se proceda al cotejo con la grabación original que se conserva en el servicio de informática –programa Arconte- y compruebe los defectos o deficiencias que indique la parte dando cuenta de los mismos y su causa". La letrada de la Administración de Justicia ha comprado ahora que las grabaciones se conservan íntegras y completas en el Arconte, por lo que ha procedido a poner a disposición del PP una copia de las mismas.

"Tendenciosa campaña partidista"

El auto de Bolaños se produjo después de que las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunciaran lo que consideran una "tendenciosa campaña partidista" contra esta magistrada.

En el comunicado suscrito por las dos asociaciones –faltan la progresistas Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- se asegura que en los últimos tiempos han sido testigos de una "tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE", de inspiración "partidista" y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, "insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas".