El segundo juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), se ha reanudado este lunes con la ausencia del ex director de Trabajo Javier Guerrero, que falleció el pasado 11 de octubre. En la cuarta sesión de la vista oral, que está previsto que se desarrolle hasta febrero de 2021, ha prestado declaración el primero de los 11 investigados, el que fuera director de personal, socio y abogado de Acyco Gabriel Barrero Raya, quien ha asegurado que advirtió en octubre de 2003 de la presencia de los dos intrusos que fueron incluidos en la póliza de los 35 trabajadores que se acogieron a la prejubilación.

Gabriel Barrero Raya, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 14 años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento público, ha declarado que en octubre de 2003 asistió aunque con carácter "testimonial" a una reunión en el despacho del director general de Trabajo Javier Guerrero donde se firmó el protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucía y la empresa Acyco para la prejubilación de los 35 empleados de la firma aceitunera.

El procesado ha dicho que en esa reunión, en la que estaban además de Guerrero la presidenta de Acyco, Encarnación Poto Monge y el representante de Vitalia Antonio Albarracín, se firmó dicho protocolo, y a la salida acompañó a la presidenta de la empresa a un acto en el hotel Alfonso XIII, donde leyó dicho documento y comprobó la "incidencia" que había en el mismo, dado que aparecían dos personas que "no son trabajadores de Acyco ni no lo han sido nunca y faltaba" incluir a la propia Encarnación Poto.

Esos dos intrusos eran Andrés Carrasco Muñoz, que según el Ministerio Público era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos intrusos recibieron de la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, el investigado ha afirmado que la misma tarde en la que descubrió a los intrusos se lo comunicó al bufete Garrigues, que era el que se había encargado de la tramitación del ERE y de la elaboración del "plan social" para los prejubilados, y desde el bufete le pidieron que enviara por fax el protocolo suscrito con la Junta. A los dos días, ha continuado el acusado, le informaron de que lo habían "enviado a Vitalia porque, posiblemente, sería un error material", y a partir de entonces no tuvo ninguna constancia de que el protocolo se corrigiera.

El ex director de personal de Acyco ha explicado que en los años 2002 y 2003 la situación de la empresa era un "poco precaria" y tenía una plantilla mayor que no se adaptaba a la moderna tecnología de la nueva fábrica, por lo que se encargó un informe de viabilidad a la consultora Deloitte que concluyó que sobraban 35 trabajadores.

El acusado ha añadido que en los meses de enero o febrero de 2003 el entonces director de Trabajo Javier Guerrero mostró su disposición, en una reunión a la que asistió el directo de la empresa y él como responsable de recursos humanos, a sufragar el ERE de la empresa. A continuación se reunieron con los 35 trabajadores y el "único criterio" para acogerse al mismo era el de haber cumplido los 52 años. Según Gabriel Barrero, todos los trabajadores acogieron la "oferta" del ERE "encantados", y el bufete Garrigues se encargó de la tramitación de todos los documentos y la elaboración del "plan social" y del "montaje de la estructura del ERE, todo lo hicieron ellos", ha aseverado.

En todas las negociaciones se partía de la "premisa de que el coste era cero para Acyco, porque la empresa no tenía capacidad económica para sufragar las prejubilaciones", ha aseverado el investigado, que ha añadido que fue el propio director de Trabajo quien envió a la consultora Vitalia para la realización de los denominados "cálculos actuariales" y también "decidió" Guerrero la compañía aseguradora que se encargó de las pólizas de las prejubilaciones.

La presidenta recibía 3.000 euros por asistir al consejo

Por último, ha señalado que como miembro del consejo de administración de Acyco él percibía 120 euros por asistir a las reuniones, mientras que la presidenta, Encarnación Poto, recibía 3.000 euros por cada asistencia, y ha añadido que siete socios de la empresa, incluido él, aportaron 210.000 euros para el primer pago de las prejubilaciones que después le fueron devueltos cuando la Junta efectuó el primer abono de la póliza.

Al inicio de la sesión de este lunes también ha declarado como testigo el abogado que ejerce la defensa del responsable civil Dcoop -la empresa que absorbió Acyco-, quien ha reconocido que la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, tenía un "alto grado de relaciones políticas", era una persona "muy conocida en el mundo de la aceituna y entre los políticos", y ha señalado que su salida de la misma se produjo por la "pérdidas que tenía la compañía". En cuanto a las mayores retribuciones que tenía Poto Monge, lo ha relacionado con el hecho de que como presidenta "tenía una mayor atención, dedicación y responsabilidad" y era "el miembro del consejo más implicado en la llevanza de la sociedad".

La cuarta sesión de la vista oral comenzó con la protesta que todas las defensas han realizado contra el auto que rechazó la mayoría de las cuestiones previas planteadas por los abogados de los investigados, entre ellas la relativa a la exclusión de los ex altos cargos investigados en esta pieza.