El ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar ha asegurado esta tarde en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que "no podía negarse" a firmar un convenio particular para el pago de las ayudas vinculadas a las prejubilaciones porque la agencia era un ente instrumental de la Consejería de Empleo y estaba subordinado a la actuación de la Junta de Andalucía.

Serrano Aguilar, que es ingeniero naval y ocupó el cargo de director general de IDEA entre los años 2004 y 2008, ha asegurado en una declaración que se ha prolongado durante casi cuatro horas que la agencia no tuvo "ningún déficit" por el hecho de que se asumieran más compromisos de pago que el importe de las transferencias de financiación realizadas, dado que, en su opinión, lo que existía era un "desajuste" en Empleo, no en IDEA.

A pesar de estas afirmaciones, el fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha mostrado en la vista oral una carta que Serrano Aguilar envió en abril de 2007 al entonces director de Trabajo Javier Guerrero, en la que le ponía de manifiesto que en tanto no se produjera una "disminución del déficit presupuestario" existente en relación con los convenios firmados entre ambos organismos "no se procederá a la firma de ningún nuevo convenio distinto de los acordados entre las partes hasta el día de hoy" y añadía además que debía hacerse un "enfoque plurianual" de los convenios. Serrano Aguilar ha afirmado a este respecto que la carta era un "brindis al sol" porque no podía negarse a la firma de los convenios, si bien la misiva "tuvo su efecto porque se redujo el déficit" e incluso el mismo se eliminó en el año 2009.

También ha dicho que "lo normal" era que el director general de Trabajo indicara los pagos que debían realizarse sobre las transferencias de financiación que recibía IDEA, con lo que se funcionaba "a demanda" del director de Trabajo, dado que la decisión del gasto correspondía al órgano gestor de las ayudas, que era la Consejería de Empleo. Según este acusado, las transferencias de financiación eran "un instrumento más", no le llamó la atención su utilización para el pago de las ayudas en lugar de otro instrumento presupuestario, aunque ha reconocido su "ignorancia en materia presupuestaria".

También ha reconocido que conoció el informe adicional provisional del año 2005 referido al ejercicio de 2003 y ha afirmado que en el año 2005, no había ninguna indicación sobre un posible "riesgo ni peligro ni problema ni incertidumbre" en relación con la actuación de la agencia en relación con el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas.

El acusado ha añadido que fue informado por el director de finanzas Pablo Millán del convenio marco de julio de 2001 firmado con la Consejería de Empleo por el que se concedían las ayudas bajo sospecha, un convenio que leyó y que se materializaban posteriormente con la suscripción de convenios individuales, aunque ha afirmado que "no le llamó la atención" que la autoridad que concedía las ayudas era el director general de Trabajo y Seguridad Social.

Según este ex alto cargo, el convenio era una "toma de razón de una orden de pago", por el que la agencia se daba por enterada de que se había concedido una ayuda y que ésta se iba a pagar con arreglo a la partida presupuestaria 31L, de Administración de Relaciones Laborales. Serrano Aguilar, que ha cifrado en 42 los convenios que firmó durante los cuatro años que dirigió IDEA, ha insistido con respecto a la partida 31L que prácticamente no conocía "nada" de este programa, porque la gestión del mismo correspondía a la Consejería de Empleo y la agencia era un "mero vehículo de pago" de las ayudas. 

El criterio que seguían al gestionar estar ayudas sociolaborales y directas a empresas consistía en considerar que eran ayudas "individuales" y no se daba cuenta al Consejo Rector siempre que no superaran los 450.000 euros.

Todos los convenios le llegaban para su firma con el visto bueno de la asesoría jurídica y de la secretaría general de IDEA, antes de pasar al departamento de Contabilidad y Finanzas, ha dicho Serrano Aguilar, que ha enmarcado la gestión del convenio y el pago de las ayudas en la "más absoluta normalidad jurídica y sin que hubiese ningún elemento negativo", así es como se percibía la llegada de los convenios a la agencia.

Serrano Aguilar, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicas, ha dicho que no ratificaba su declaración ante la Guardia Civil porque después de estar cinco horas declarando el acta recogía "frases sacadas de contexto y medias verdades".