El último concejal del GIL que se ocupó de gestionar el área de tráfico en Marbella, el fallecido Victoriano Rodríguez, le exigió a Automóviles Portillo un soborno de 390.000 euros a cambio de garantizarles que mantendrían la explotación de la estación de autobuses del municipio. Así lo confesaron ayer en el juicio por el caso Malaya el delegado en la Costa de esta empresa, entonces dependiente de FCC, Julio de Marco, y sus superiores en Madrid, José María Pérez y Joaquín Martínez-Vilanova. La Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno de ellos un año de cárcel y 780.000 euros de multa por cohecho.

Julio de Marco explicó al tribunal que Victoriano Rodríguez le planteó que tenía que entregarle el dinero a él o a Ismael Pérez Peña, el empresario procesado en el caso Malaya que pactó con el fiscal una condena mínima a cambio de reconocer su culpa en Malaya. La exigencia de la "mordida" se la planteó a sus jefes en Madrid quienes le dieron instrucciones para que "aguantara, ganara tiempo" y "toreara" al concejal.

A partir de febrero de 2006 y hasta la detención de Victoriano Rodríguez, el 29 de marzo siguiente, Julio de Marco y el edil mantuvieron una serie de conversaciones telefónicas, interceptadas por la Policía, en la que el directivo de la compañía, efectivamente, le proponía diferentes cantidades, fechas y lugares de entrega, sin que se llegaran a ejecutar.

El procesado mantuvo que el soborno no se llegó a hacer efectivo porque esa era la orden que tenía de su compañía, si bien la Fiscalía Anticorrupción entiende que no se negoció una entrega de 50 millones de pesetas en Madrid y otra de 11 millones en Marbella porque la detención de Victoriano Rodríguez no lo permitió.

Portillo tenía adjudicada la explotación de la estación de autobuses de Marbella desde 1997. En 2005 se le prorrogó la explotación, al tiempo que el Ayuntamiento sacaba de nuevo la concesión del servicio, licitación a la que únicamente concurrió esta empresa. A estas circunstancias se aferran los entonces directivos de Portillo para sostener que no tenía sentido que le exigieran un soborno, de ahí que la estrategia fuera "aguantar" hasta que el concejal diera marcha atrás en sus presiones. Julio de Marco aludió a que la tensión que sufrió durante aquellas semanas le llevó a precisar tratamiento psiquiátrico.

Los procesados, sin embargo, rechazaron que el exasesor de urbanismo de Marbella y principal acusado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, tuviera protagonismo en estos asuntos. De Marco indicó que llegó a reunirse un par de veces con él porque negociaban con el Ayuntamiento la cesión de una parcela para estacionar los autobuses.

Anticorrupción afirma en su escrito de acusación provisional que el concejal de Tráfico tenía previsto repartir la mordida con Roca y la alcaldesa Marisol Yagüe.