Educación

Abogados andaluces reúnen a 350 asociaciones contra la caza en la escuela

  • 23.000 firmas reclaman a la Junta que retire la medida

  • Piden al Defensor del Menor que declare la promoción de la caza vulneradora de derechos de la infancia

Un cazador tirando en el campo Un cazador tirando en el campo

Un cazador tirando en el campo

La asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) ha pedido al Defensor del Menor Andaluz que emita un informe sobre la vulneración de los derechos de los menores en caso de implantarse para el curso 2020/2021 la promoción de la caza en las escuelas.

En el escrito entregado este miércoles, AADA indica que un manifiesto de octubre de 2019 contra la medida ha sido  suscrito ya por más de 350 organizaciones entre sindicatos de enseñanza, partidos, Federaciones de Padres y Madres, colectivos de profesores y asociaciones animalistas.

En la plataforma change.org se han recogido más de 23.000 firmas que piden la retirada de la iniciativa, lo que según los impulsores acredita que “ha generado alarma social y una ola de indignación”.

AADA resalta en un comunicado “el desprecio por parte de la Junta de Andalucía a los andaluces y andaluzas que están en contra de la cultura de la violencia hacia los animales” pues el consejero de Educación, Javier Imbroda, sigue sin atender una petición de reunión cursada hace más de dos meses. 

A juicio de AADA, la promoción de la caza en las escuelas -aprobada por PP, Ciudadanos y VOX- “entra en conflicto con normas de rango superior, como pudiera ser la Ley Orgánica de Educación” donde expresamente se recoge como capacitación que el alumnado deberían adquirir la de “conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado”.

También podría vulnerar la Ley de Modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y las observaciones formuladas en años recientes por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, añade AADA.

Argumenta la asociación jurídica al Defensor del Menor que una de las principales funciones de la Administración es “velar por la integridad, a todos los niveles, de las personas a las que van dirigidas sus políticas, siempre financiadas con dinero público, máxime si se trata de menores de edad” y que “no se puede aceptar que iniciativas basadas en la violencia, supremacía y desprecio” a seres que sienten primen sobre valores tales como la justicia, la empatía o el respeto por la vida.

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