¿Qué es una caja fuerte? ¿En qué se diferencia de un archivador cerrado? El Gobierno andaluz y el PSOE se han enfrascado en una discusión sobre el último hallazgo del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. El también portavoz aseguró el martes pasado que habían hallado nuevos documentos relacionados con el caso ERE, ocultos en "cajas fuertes". Canal Sur Televisión ha proporcionado las imágenes de las cajas, que son archivadores que están en la agencia Idea. Las llaves estaban en manos de seis personas, entre las que está el actual subdirector general de la agencia y la secretaria general.

Cuando se conoció la sentencia de la pieza política del caso ERE, Elías Bendodo vaticinó que la resaca iba a durar "dos legislaturas". El caso de corrupción que ha acabado por manchar una década de gestión socialista de Andalucía tiene decenas de flecos que tardarán años en resolverse, pero el foco está puesto ahora en las prácticas que la Junta de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías llevó a cabo con la empresa jiennense Hamsa o, como se le conoce popularmente, Cárnicas Molina.

El que fuera vicepresidente plenipotenciario de Chaves, condenado también en en la pieza política por prevaricación, firmó en diciembre de 1998 un convenio con Campofrío para que la compañía se quedase con los activos restantes de Hamsa. El dato era conocido por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que recientemente ha abierto una pieza para investigar un préstamo concedido por la Junta a dicha empresa cuando ya se denominaba Campocarne, es decir, como filial de Campofrío. 

Lo que no estaba en poder del juzgado es dicho convenio, que fue revelado ayer por el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. El dirigente popular fue muy ilustrativo al desvelar que dicho acuerdo, de carácter "privado" entre Zarrías y un dirigente de Campofrío, estaba en una de las "tres cajas fuertes de un metro de altura" que estaban "ocultas" en un sótano situado en la sede la agencia Idea. 

En el PP aseguran que el hallazgo fue posible gracias al aviso de un funcionario, pero incluso entre sus socios de Gobierno hay dudas sobre la escenificación. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, asegura que los documentos revelados implican a la actual dirección del PSOE, pues consideran que no colaboraron durante su periodo en San Telmo por aclarar el asunto. "Será difícil que no hayan incurrido en algún tipo de irregularidad", ha dicho el diputado cordobés.

La formación de extrema derecha comparte la tesis del Ejecutivo bipartito, el caso Hamsa es la "precuela de los ERE". Pero Hernández no ha tenido problema en calificar de "extraño" el descubrimiento de esas cajas en una agencia como Idea, que lleva años "en el ojo del huracán" por su papel en el pago de las ayudas de los ERE. "No queremos decir que sea un montaje, pero nos parece de película", ha reconocido el dirigente de Vox. 

Quienes tienen clarísimo que se trata de un "burdo montaje" son los socialistas. El portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, ha criticado que el PP y Ciudadanos hayan convertido las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno en un "ventilador para esparcir la inmundicia que fabrican ellos mismos". 

Los socialistas, que siguen noqueados por la sentencia de los ERE y sus consecuencias, niegan la mayor. Defienden que la gestión que comenzó a finales de los 90 con Hamsa y continua hoy no es el origen del caso de corrupción que hace tambalearse al partido que ha dirigido Andalucía casi cuatro décadas. Aseguran que el convenio aireado ayer por Bendodo no es un secreto. Niegan que haya cajas fuertes, sino que se trata de "armarios con seguridad" y recuerdan que el concurso de acreedores de la empresa heredera de Hamsa no se ha resuelto aún. 

Tampoco consideran un problema que Zarrías, en 1998, se comprometiera con Campofrío a no reclamarles las ayudas concedidas previamente a Hamsa, puesto que la empresa cárnica sólo adquirió los activos de la nacional. Aseguran también que la Junta, bajo mandatos los mandatos socialistas posteriores, hizo lo que tenía que hacer para intentar recuperar el préstamo de 3,7 concedido en 1999 a la empresa, por el cual el juez José Ignacio Vilaplana ha abierto diligencias contra el ex vicepresidente, el presidente y otras 13 personas.