El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha exculpado a la Junta como responsable del accidente ocurrido cuando una avioneta de fumigación se estrelló contra el suelo tras colisionar con una cigüeña. En el accidente falleció el piloto y único ocupante del aparato pero la reclamación ahora denegada -132.590 euros- fue presentada por la empresa propietaria del aparato porque,  supuestamente, la Junta no había tomado  medidas preventivas de accidentes aéreos provocados por especies protegidas como la cigüeña.

El accidente ocurrió el 15 de agosto de 2017 cuando  una avioneta fumigaba cultivos de arroz en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Tras estrellarse contra el suelo, la avioneta sufrió daños materiales y el piloto Diego T.M., de 50 años, falleció.

Según el informe técnico elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, una cigüeña blanca impactó con el lado derecho del fuselaje, lo que provocó la pérdida de control de la avioneta y su caída al suelo.

El TSJA recoge en su sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, que el piloto había trabajado en la zona el año anterior y era conocedor de la existencia de cigüeñas. Por ello sobrevoló la zona a una altura segura para espantar a las aves que pudiesen estar presentes, y tras realizar una pasada de observación, inició su trabajo.

Dado que la cigüeña blanca se encuentra incluida en los Catálogos de Especies Amenazadas nacional y andaluz, la empresa propietaria de la avioneta imputó a la Administración andaluza una inactividad que “consistiría en la falta de adopción de medidas preventivas de accidentes aéreos provocados por esta especie protegida”.

Pero el TSJA recoge que se trataba de un vuelo de fumigación “en el que la avioneta no despega de ningún aeropuerto y que no se pone en conocimiento de la Administración autonómica”. “Difícilmente puede adoptar una medida específica y concreta para cada vuelo de esta naturaleza,  como pudiera ser el empleo de aves rapaces para espantar a las cigüeñas o de medios mecánicos, sin que previamente se haya solicitado”.

Por ello, el tribunal considera que “no concurren los requisitos para el surgimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración puesto que la Junta de Andalucía no no fue informada del vuelo, que además no estaba organizado por un ente público”.

Además, el operador había evaluado el riesgo asociado a la existencia de aves en la zona como “tolerable” y su severidad “menor”.