La sanidad derriba Gobiernos. Hay analistas políticos que atribuyen el final de las casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Andalucía al mal funcionamiento del sistema público de salud, la llamada "joya de la corona". El contexto, después de un año y medio de pandemia, es ruidoso y recuerda al vivido después de la crisis financiera, en la época de los grandes recortes. A partir del 1 de noviembre habrá 8.000 sanitarios menos en los hospitales –los refuerzos para la pandemia– y los sindicatos anuncian movilizaciones; hay centros de salud que ofrecen citas en periodos de hasta dos semanas y la oposición política habla de "colapso"; existe una progresiva escasez de médicos y las sociedades científicas urgen a una profunda reforma de la asistencia sanitaria en la Atención Primaria. El Gobierno de la Junta, sin embargo, está decidido a que la mar gruesa no termine ahogando el final de su primera legislatura.   

Ni "colapso" ni "saturación". La Consejería de Salud califica la actual situación de la Atención Primaria como de "nueva normalidad". La realidad asistencial en los centros de salud pospandémica, aún condicionada por el coronavirus, está construyéndose por los dirigentes sanitarios andaluces en base a unos elementos fantaseados desde hace años y experimentados durante este año y medio del Covid-19. Este plan lleva años ideado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. (Desde 2005 está implantado un sistema similar en Cataluña y en Euskadi, desde 2012).

La característica principal de la nueva Atención Primaria consiste en reducir las eternas saturaciones de los centros de salud mediante la figura de las enfermeras. Este personal sanitario es ahora el encargado de recibir a los pacientes que acuden sin cita a los consultorios que no requieren de una atención urgente. Este sistema, denominado en Andalucía consulta de acogida, adjudica al enfermero la función de valorar el estado de salud del paciente que llega sin cita para derivar el problema en el médico o, en su caso, resolver el aspecto clínico en arreglo a unos protocolos definidos y acordados por tres sociedades de médicos y una de enfermeras. En la prueba piloto llevada a cabo en 11 de los 34 distritos sanitarios andaluces este año, la mitad de las consultas han sido resueltas por el personal de Enfermería de los centros de salud, según los datos que proporciona Salud. En concreto, el 55% de las consultas. El nuevo plan estará implantado en toda Andalucía en menos de un mes.

El plan para la Atención Primaria no reúne sin embargo el contento de todos. Hay dudas y también críticas. El Consejo Andaluz de Enfermería no lo ve "adecuado" y el sindicato Satse de Andalucía muestra su "preocupación" por la "inseguridad jurídica" en la que pueden incurrir el sistema por un posible caso de "intrusismo", concepto que también cita el Sindicato Médico de Andalucía. Los tres colectivos de representantes sanitarios lamentan no haber sido consultados a la hora de elaborar el plan, más concretamente en la decisión acerca de la lista de valoraciones –o diagnósticos– a las que están capacitadas las enfermeras.

Que un enfermero pueda resolver consultas de "baja complejidad" aunque recurrentes en los centros de salud como molestias urinarias, ansiedad, dolores articulares, cervicales o dorsales, subidas de tensión, bajadas de azúcar, diarreas, quemaduras, picaduras o alergias, por citar algunos de los 18 protocolos habilitados, "han sido impuestos", critica José Miguel Carrasco, presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, quien llega a advertir de la atribución de tareas excluidas de la cartera de servicios reconocida internacionalmente. Carrasco cree además que el plan trata de "paliar el déficit de profesionales de otras categorías", un mal que, por cierto, "también afecta a los enfermeros". En 2026, según las previsiones de la Junta, habrá 2.800 médicos menos en Andalucía.

Pese a las dudas, el secretario general de Satse-A, José Sánchez Gámez, valora en general como "aceptable" las consultas de acogida en Atención Primaria, aunque considera fundamental "formar" a los enfermeros en las nuevas tareas, "aumentar el personal" y, cómo no, confirmar jurídicamente que el este sistema no cae en problemas de "intrusismo". Los servicios jurídicos de la Junta no ha detectado tal irregularidad basándose en la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Satse aún lo estudia.