Índice DEC comunidades autónomas

Andalucía suspende en políticas sociales

  • Un informe recomienda a las administraciones mejorar la cobertura de los beneficiarios en la renta mínima de inserción y reducir el "limbo de la dependencia"

Un grupo de ciudadanos se manifiesta para pedir la renta mínima de inserción.

Un grupo de ciudadanos se manifiesta para pedir la renta mínima de inserción. / Juan Ayala

Andalucía necesita mejorar en política sociales. Después de un ejercicio, en 2017, en el que los índices en derechos sociales reconocidos, gasto y coberturas de los servicios mejoraron con respecto a los años precedentes, la comunidad autónoma redujo en 2018 su nota global de 5,25 a 4,80, situándose por debajo de la media de España (5,22).

El Índice DEC 2018, presentado este lunes, está elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y su análisis coincide con un periodo en que, en general, se refleja una evolución positiva en políticas sociales. 

Sin embargo, sólo País Vasco, Navarra y Castilla-León obtienen un notable en su valor completo. En el sentido opuesto, Andalucía se encuentran entre las siete comunidades que han suspendido en 2018 (Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Galicia y Extremadura), ha informado Efe en una nota.

Andalucía no alcanza la nota promedio en ninguno de los índices evaluados: 0,8 en derechos reconocidos (por 0,88 en la media de España), 1,7 en gastos empleados (1,84 en España) y 2,3 en cobertura efectiva (2,51 en España).

Entre las recomendaciones que desde el informe se dirige a la Junta y a los ayuntamientos andaluces, cabe destacar la los 311 millones de euros más al año que han de invertirse en servicios sociales, el incremento de la cobertura en la renta mínima de inserción (que sólo benefició a un 4,5% de andaluces que están por debajo del umbral de la pobreza) y la reducción del "limbo de la dependencia".

Es dable señalar que el Gobierno andaluz anunció la pasada semana, dentro de las líneas maestras del Presupuesto para la segunda mitad de 2019, un aumento en el gasto de la consejería del ramo de 47 millones de euros, una cifra lejana a los 311 millones que sugiere para servicios sociales el Índice DEC.   

  

 

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