El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Coalición Andalucista), se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación. Se le acusa de promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del centro de educación ambiental Karanda y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero. La acusación particular, que ejerce el concejal, solicita para el regidor diez años de inhabilitación.

El concejal de IU solicita la misma pena para el ex concejal de Urbanismo Emilio González Pavesio y, para un administrativo de la entidad local, F.O., pide siete años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación. Porque el camping ha permanecido cerrado desde 2005, Tejero solicita 60.000 euros por cada año de perjuicio y 10.000 euros más en concepto de daño moral, con el Ayuntamiento de Almuñécar como responsable civil subsidiario.

La Fiscalía, sin embargo, no ha visto relevancia penal en los hechos, que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar si consideró que eran "motivos suficientes" para atribuir un delito de prevaricación al alcalde. El regidor sexitano ya afrontó un juicio por malversación en el que el fiscal pidió dos años de inhabilitación.