El Consejo Andaluz de Colegio de Abogados (CADECA) se opuso este martes a la decisión del Gobierno de habilitar el mes de agosto a efectos judiciales para paliar las consecuencias del estado de alarma por coronavirus. Se trata de una medida “ineficaz y contraproducente” que, lejos de solucionar el atasco, “agravará la situación actual”, por lo que no descartan un “paro consensuado” contra ella.

La Comisión Permanente de CADECA, en la que están representados los once colegios de la comunidad, celebró una reunión extraordinaria por videoconferencia en la que acordó exigir “la inmediata y expresa derogación del Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia”.

El Consejo Andaluz, “en salvaguarda de los derechos del colectivo que representa y con amparo del mismo, está dispuesto a proponer y fomentar todas las medidas necesarias, sin descartar el paro consensuado, con la única observancia de los derechos de los justiciables que resulten inaplazables”, indica en un comunicado.

La postura adoptada por el Ministerio de Justicia “supone una clara afrenta y falta de consideración a la abogacía en general, que siempre ha estado y está al servicio de la sociedad y consecuentemente del Estado y sus instituciones”.

El Real Decreto “resulta gravemente perjudicial para la salvaguarda del derecho de defensa de los justiciables, tanto en el ámbito del derecho de familia (procedimiento especial y sumario de los artículos 3 a 5), como por la habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020”. Se trata de “una medida claramente ineficaz y contraproducente que, lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo en consecuencia a agravar la situación actual”.

Tal medida “salvaguarda” las vacaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario, pero “irrefutablemente las niega a todos los abogados y abogadas andaluces, vulnerando su derecho constitucional al descanso y a la conciliación familiar”.

La Abogacía andaluza “defiende la inhabilitación del mes de agosto con el objetivo de concentración de todas las vacaciones exclusivamente en dicho periodo, como medida más eficaz para la vuelta a la normalidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia”, afirman en el comunicado.