“Creemos que el presidente tiene un gran problema con sus socios”. Las palabras del portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso son una demostración de la difícil relación que tiene la formación de extrema derecha con Ciudadanos en Andalucía. Más allá de las diferencias ideológicas, las cuestiones que centran el discurso de Vox desde su irrupción en el Parlamento andaluz tienen en común que suelen estar bajo la gestión de los consejeros naranjas del Ejecutivo andaluz.

Obviando los asuntos relacionados con memoria histórica, que se engloban en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Patricia del Pozo, el apoyo parlamentario del Gobierno de Juanma Moreno centra sus exigencias en materias como la educación, la igualdad o las políticas de inmigración, todas controladas por dirigentes de Ciudadanos.

Tras un periodo de distensión, que se inauguró con la firma del acuerdo presupuestario para 2019, los roces entre Vox y Ciudadanos han vuelto a reproducirse y, en su mayoría, tienen que ver con la Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda. A la polémica del pin parental hay que sumar el nuevo decreto de escolarización, que no satisface a la oposición de izquierdas, pero tampoco al socio parlamentario del Gobierno regional. Consideran en Vox que el texto aprobado el martes en Consejo de Gobierno no cumple con el punto 14 del acuerdo de investidura que firmaron a principios de 2019 para hacer posible la investidura de Juanma Moreno.

El documento alude a la eliminación de las zonas escolares, una situación hacia la que se avanza en la nueva norma, pero que no se implanta del todo. Esta eliminación de zonas sólo se produce en los municipios con un sólo centro concertado, situación que se da en determinadas localidades andaluzas, pero no en las grandes ciudades. El diagnóstico de Vox es que el decreto “va por buen camino”, pero la Consejería de Educación no ha anunciado que vaya a cumplir con lo firmado entre PP y Vox.

“Queremos ser cautos”, explicó ayer Alonso, quien recordó que, aunque Ciudadanos no firmó el documento sobre las zonas de escolarización, “se está aprovechando de ese acuerdo”. “En el momento que dejen de cumplirse, tomaremos medidas”, advirtió el dirigente de Vox.

No es la primera vez que el partido que apoya al Gobierno andaluz en el Parlamento sube el tono contra Ciudadanos. En junio, durante la primera negociación presupuestaria, amagaron con tumbar las primeras cuentas no socialistas de la Junta. El Ejecutivo andaluz recondujo la situación, que volvió a encresparse con la polémica del pin parental. Coincidencia o no, los dos principales motivos de choque entre Vox y los inquilinos de San Telmo son competencia de Javier Imbroda. “Por deformación profesional, el consejero de Educación es experto en echar balones fuera”, criticó ayer Rodrigo Alonso en referencia al pasado de Imbroda como entrenador de baloncesto.

A pesar del aldabonazo, en Vox restan importancia a las resistencias del ex seleccionador nacional y dirigente de Ciudadanos. Consideran que las negativas de Imbroda a cumplir con el acuerdo de investidura no son relevantes si, después, lo que Imbroda “niega en sede parlamentaria”, se acaba “poniendo en práctica”. Según Alonso, tras su exigencia de poner en marcha el pin parental, los colegios e institutos solicitan permiso a los padres para determinadas actividades extraescolares. “Los miembros del Gobierno de Ciudadanos dicen hoy una cosa y mañana pueden decir otra; les pedimos que sean más prudentes”, sentenció Alonso.

Sin embargo, los conflictos de intereses entre Vox y el Ejecutivo no se circunscriben al equipo naranja. El portavoz adjunto y secretario del grupo que dirige Alejandro Hernández afeó el rechazo del Consejo de Gobierno a su proposición de ley de concordia, que depende del departamento de Cultura y Patrimonio Histórico que gestiona la popular Patricia del Pozo.

“PP y Ciudadanos han sido muy complacientes con estas leyes de odio”, afeó Alonso a populares y naranjas, a quienes advirtió que su partido no tiene intención de cambiar el contenido del texto. El Ejecutivo rechazó el lunes, en su reunión semanal, la idoneidad del texto por “un defecto de forma”. En su iniciativa, Vox limita el concepto de víctima a los fallecidos durante la Guerra Civil, obviando a los represaliados durante la dictadura de Francisco Franco.

El equipo de Del Pozo solicita más concreción a Vox en su proposición, que no continuará el trámite parlamentario. Fuentes del PP en la Cámara reconocieron ayer que su intención es rechazar la iniciativa, ya que están elaborando una en el seno de su grupo. PSOE y Adelante tampoco apoyarán el texto de Vox, por lo que no saldrá adelante cuando se debata en Pleno.