La segunda sentencia de los ERE / Acyco

Varias defensas piden una aclaración de la sentencia antes de recurrir al Tribunal Supremo

Los acusados en el juicio de Acyco.

Los acusados en el juicio de Acyco. / E. P.

Varias de las defensas de los ocho acusados que han sido condenados en la segunda sentencia del caso de los ERE, en relación con las ayudas de 2,9 millones de euros para las prejubilaciones de la empresa Acyco, han pedido una aclaración del fallo a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla antes de anunciar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández -que ha sido condenado a siete años de cárcel-, es uno de los letrados de las defensas que ha solicitado una aclaración de la sentencia, al haber detectado "errores materiales" y algunos "conceptos oscuros" a lo largo de los 332 folios de que consta el fallo, y entre los primeros señala que en la sentencia se recoge que Fernández había "nacido en Huelva" cuando en realidad es natural de Jerez de la Frontera (Cádiz).

En cuanto a los conceptos oscuros, el letrado advierte de una "aparente contradicción" en el texto de la sentencia en lo que se refiere a la responsabilidad civil impuesta en la sentencia (2.951.413,84 euros), dado que en uno de los folios de la sentencia se pone de manifiesto que en esta cantidad no se incluiría el pago de la póliza 582 -por la que se abonaron pagos a dos "intrusos" detectados en el ERE de Acyco-, mientras que en otra página de la misma se expone que en dicha suma sí se incluiría ese pago.

En la misma línea se ha pronunciado la defensa de la sociedad DCOOP, que en su día absorbió a Acyco y que ha sido declarada responsable civil respecto a la presidenta y el abogado de la empresa de aceitunas sevillana, Encarnación Poto y Gabriel Barrero, respectivamente. El letrado de esta compañía indica en un escrito dirigido al tribunal una "contradicción" con respecto a la responsabilidad civil, dado que la sentencia "por una parte se refiere que la suma establecida en concepto de responsabilidad civil no incluye las primas de la póliza 582, y en otro lado se indica que en el montante establecido, 2.951.410,84 euros, sí estaría incluido, no concordando dicha cantidad".

Por ello, solicita la aclaración de estos extremos relativos a la cuantificación y concepto de la responsabilidad civil establecida para Encarnación Poto y Gabriel Barrero. 

La defensa de otro abogado condenado ha indicado que la sentencia adolece de "conceptos oscuros que necesitan de su aclaración a los fines de formalizar el recurso de casación que nos proponemos anunciar en tiempo y forma y en condiciones que permitan el ejercicio del derecho de defensa con plenitud". Dice en su escrito el abogado Ignacio Ayala que estos conceptos oscuros devienen de "omisiones o imprecisiones en el relato fáctico que no lo hacen congruente y que, por ello se precisa que por la Sala se fije su alcance y significado".

Así, apunta que el fallo "no aclara la secuencia de actuaciones que siguieron los organismos públicos y autoridades de la Junta (dirección general de trabajo e IFA) para la suscripción de la adenda al convenio y al abono de la factura emitida por la Asociación 3 de julio por importe de 210.000 euros más IVA".

Además, dice que con respecto a la aplicación de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, el tribunal "no ha establecido qué periodos de paralización del procedimiento ha reputado como retrasos indebidos a fin de calificar la atenuante como simple".

Por último, coincide en que el fallo adolece de una "aparente contradicción que requiere de la necesaria clarificación" en lo que se refiere a que, por un lado, se pone de manifiesto que en la suma reclamada en concepto de responsabilidad civil (esos 2,9 millones) no se incluiría el pago de las primas de la póliza 582 -que cubría a los llamados intrusos-, pero por otro lado se indica que en dicho importe sí lo estaría y "parecería que la sentencia adolece de contradicción".

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, que era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos dos intrusos recibieron de la póliza suscrita para los 36 trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

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