Las declaraciones del consejero de Justicia, Emilio de Llera, sobre la falta de independencia de jueces y fiscales, le han convertido en el primer consejero de la Junta de Andalucía que es reprobado por el Parlamento, una figura que se ha debatido en 26 ocasiones pero solo en tres ha salido adelante. Hasta ahora habían sido reprobados por la Cámara andaluza el líder de Unión Democrática de Cataluña (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida y el miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) José María Arenzana.

La lista de dirigentes cuya petición de reprobación ha sido debatida por la Cámara autonómica incluye una relación de cargos públicos tan variopinta que engloba desde presidentes, vicepresidentes, ministros, consejeros, diputados e incluso un miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, la mayoría durante las últimas cuatro legislaturas. El recurso parlamentario de la reprobación, cuyos resultados han quedado sustanciados exclusivamente en la censura, el reproche o el ruido político, ha sido utilizado en siete mandatos y 26 ocasiones, aunque solo en tres, incluyendo la de De Llera, salieron adelante para afear acciones políticas o declaraciones.

Estas iniciativas no produjeron en ninguno de los casos dimisiones o ceses posteriores, como tampoco parece que vaya a ocurrir en el caso de Emilio de Llera, que se ha convertido en el primer miembro del Gobierno andaluz reprobado por el Parlamento. A la reprobación de este consejero se le suma el factor añadido de que el Gobierno de la socialista Susana Díaz se ha quedado en minoría defendiendo la posición de su consejero y de que Ciudadanos, su socio de investidura, la ha apoyado, pero la formación naranja ha dejado su eventual dimisión o cese en manos de la presidenta.

De las 26 reprobaciones debatidas, el PP-A ha propuesto la mayoría de ellas, mientras el PSOE lo hizo en una ocasión e IU en dos, una de ellas la legislatura pasada contra la conducta del miembro del Consejo Audiovisual José María Arenzana, que es una de las tres aprobadas. La otra reprobación que salió adelante fue, en la VIII Legislatura, la de Duran y Lleida, quien aglutinó el consenso de la Cámara por unas declaraciones contra el antiguo Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario, que fueron consideradas como una ofensa a los andaluces. En la pasada legislatura, el intento de reprobar al diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo por su participación en el asalto a un supermercado con el SAT finalmente fue rechazada.

En la VIII legislatura, además de la de Duran y Lleida, hubo otras nueve peticiones de reprobación que no salieron adelante. Entre ellas, peticiones del PP de reprobación a la entonces vicepresidenta del Gobierno socialista Elena Salgado en dos ocasiones por su política económica "contraria" a Andalucía; también dos veces al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por "incumplir" la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía y por el "desequilibrio territorial"; así como a los ministros Pedro Solbes y Manuel Chaves. En esa legislatura también se pidió sin éxito la reprobación de los entonces consejeros de Turismo, Luciano Alonso; de Empleo, Manuel Recio; de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; de Economía, José Antonio Griñán; y de Educación, Teresa Jiménez.

En la anterior legislatura también se había pedido la de los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías; de Gobernación, Evangelina Naranjo; de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez; de Educación, Cándida Martínez; de Medio Ambiente, Fuensanta Coves; de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña; y de Salud, María Jesús Montero. Asimismo, se pidió la del entonces portavoz del PSC Miquel Iceta; de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; y del entonces presidente de Cataluña, Pasqual Maragall. En la VI Legislatura se planteó la reprobación de la consejera de Economía y Hacienda en dos ocasiones; y del consejero de Turismo; mientras que en la V Legislatura se pidió la del consejero de Relaciones con el Parlamento; y en la IV también la de la consejera de Economía y Hacienda.