El cuarto juicio de Invercaria / Las ayudas a Fumapa

Pérez-Sauquillo: “Cometí el error de contratar a Cantos, que tenía intereses económicos y políticos espurios”

  • El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo carga en el juicio contra el ex directivo que denunció las irregularidades

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. / juan carlos vázquez

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha ejercido su derecho a la última palabra en el juicio por las ayudas a Fumapa, en el que ha realizado un alegato culpando al ex director de Promoción Cristóbal Cantos, denunciante del caso y que ha estado imputado en algunas de las piezas, de lo que ha ocurrido con las ayudas enjuiciadas. “Cometí el error de no haber controlado la ejecución de la actividad de inversión en más profundidad, por haber delegado esta función en directivos que estuvieron casi desde los comienzos de la actividad en Invercaria”, ha señalado Pérez-Sauquillo.

El ex presidente de la sociedad de capital riesgo ha añadido que estos directivos, que “tenían acceso total a la información desde el principio, nunca pusieron reparos ni a los procesos ni a la documentación existente. Yo confié todo el archivo de la documentación en mi mano derecha, Cristóbal Cantos”. Pérez-Sauquillo ha lamentado que “cometió el error de no darse cuenta de que tenía como mano derecha a alguien que tenía intereses económicos y luego políticos espurios”, ha aseverado.

Asimismo, ha considerado un error haber “contratado” a Cantos, “reconocerle una profesionalidad en sus análisis sin haber profundizado en ellos y premiarlo por ello cuando decidió emprender una aventura en la empresa privada y de contratarlo de nuevo cuando lo despidieron de esa empresa por no superar el periodo de prueba y pedirme que lo reincorporara. Cometí ese grave error a la vista de lo que hoy estoy sufriendo en el azote de esta única persona entre las muchas que han pasado por Invercaria, Idea, y este juzgado. ¿Quién pudiera pensar que una persona que hoy dice haber tenido graves encontronazos conmigo, con su jefe, a cuanta de la idoneidad o no de inversiones, quisiera volver a incorporarse?”, ha destacado ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

El ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, junto a su abogado, José María Calero. El ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos,  junto a su abogado, José María Calero.

El ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, junto a su abogado, José María Calero. / juan carlos vázquez

El principal acusado ha manifestado igualmente que el error que “no cometió” fue el de utilizar a Invercaria “como un instrumento para lucrarse ni para lucrar a promotores que no conocía”. Pérez-Sauquillo ha pedido al tribunal que vean las sentencias de los pleitos de Cristóbal Cantos con la ex presidenta Laura Gómiz, todos a favor de ésta, en la que los jueces “cargan duramente contra el denunciante Cristóbal Cantos. Lo hace un juez de lo Social, donde un porcentaje muy alto de los juicios es a favor del empleado y no del empleador, lo hace el TSJA incluso indicado que Cantos fue contratado por el Partido Popular en la Zona Franca de Cádiz, lo dice una juez de lo Penal que ve en su denuncia una forma de defenderse de sus actuaciones anteriores”.

El alegato de Sauquillo se ha producido después de que el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño mantuviera la pena de prisión de seis años para Tomás Pérez-Sauquillo y los miembros del consejo de Administración de esta sociedad Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín López, aunque retiró la acusación contra uno de los empresarios de Fumpa, la empresa de La Carolina (Jaén) que recibió un préstamo por importe de 359.581,6 euros.

Al inicio de la novena y última sesión del juicio, el fiscal rebajó la petición de condena de dos años y medio a un año y medio de cárcel en el caso del otro empresario, Fulgencio Canales Rodríguez, que al igual que el anterior estaban considerados como inductores de los delitos de prevaricación y malversación.

En su informe, el Ministerio Público señaló que los acusados decidieron la inversión “saltándose todos los procedimientos”, convirtiendo un sistema de concesión de incentivos en un “sistema de ayudas encubiertas”.

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