El PP andaluz (PP-A) denunció ayer que el "escándalo" del denominado fondo de reptiles es mucho más grave de lo que puso de manifiesto en su declaración procesal el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya que ascendería, según los datos en los que se basan los populares, a 1.400 millones de euros con compromisos de pago a aseguradoras hasta 2015.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aportó ayer en rueda de prensa documentos para demostrar que hasta 2015 hay "compromisos de pago" por valor de 535,2 millones que elevarían a 1.400 millones de euros el fondo de reptiles y el fraude de los ERE, lo que en su opinión supone una "hipoteca inaceptable". Sanz informó de que el 22 de diciembre de 2010, en una reunión entre el viceconsejero de Empleo Justo Mañas y representantes de aseguradoras y de sindicatos, se acordó un calendario de pagos hasta 2015, por lo que se habría creado, según la valoración del secretario general del PP andaluz, una "bola de nieve que es cada vez más grande" y que vincularía a la Administración regional hasta esa fecha. "El fraude de los ERE no acabó en 2010 ni el fin de semana con la declaración de Guerrero, nos deja una hipoteca de 535 millones", apuntó Sanz, quien afirmó además que su formación trasladará toda la información a la juez Alaya, que instruye el caso.

De los 933 millones en los que se ha cifrado hasta ahora el fraude de los ERE, quitando la parte de la responsabilidad exigida, serían 699 millones más dos partidas no trasladadas a la juez y los 535 millones comprometidos, lo que sumaría un total de 1.400 millones, detalló Sanz para explicar de dónde sale la cifra final.

Sanz denunció también que en la reunión de 2010 ya se acordaron pagos superiores a los que después se presupuestaban, por lo que consideró que ya estaba premeditada una modificación de las cuentas andaluzas desde antes de anunciarlas. "Se pone la mitad de lo que está comprometido que hay que pagar a las aseguradoras", señaló Sanz, quien puso como ejemplo que en 2012 se presupuestaron para pagar 65 millones pero se reconocen montantes de pago por 121 millones.

Para Sanz, Guerrero era "un instrumento más en una orquesta donde la batuta eran altos cargos de la Junta y la cabecera de la Junta"; según el dirigente popular, la declaración ante la juez del ex director general de Trabajo "eleva la responsabilidad" a consejeros y cargos como Zarrías, Chaves o Griñán. Apuntó que ahora "sí se está hablando de magnitudes muy elevadas y graves" y se quejó de que ahora nadie sepa "nada", cuando "todos estaban en la sala de máquinas". Precisamente, el alcalde de Jaén y presidente del PP jiennense, José Enrique Fernández de Moya, instó ayer a Zarrías, diputado por esa provincia, a "salir de la madriguera" para explicar las imputaciones de compañeros de partido en presuntos casos de corrupción.

Sanz aseguró finalmente que si el PP gana las elecciones, "salvo que la Justicia diga lo contrario", se respetarán los compromisos adquiridos con los trabajadores prejubilados "de buena fe".