La ley de cuentas claras y abiertas de Adelante Andalucía es la misma que presentó Podemos en octubre de 2015, cuando era un partido novato en el Parlamento. Su ideólogo fue el ex diputado andaluz Juan Moreno Yagüe, quien vio cómo su ley se aprobó en otros parlamentos autonómicos con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos. 

Hace casi un lustro, Podemos sólo convenció a IU para sacar adelante su norma, aunque populares y naranjas se abstuvieron y sólo los socialistas rechazaron la medida. Cinco años después, Adelante, que sigue siendo la alianza entre Podemos e IU, ha tenido el mismo éxito que entonces y la norma se ha vuelto a quedar en el tintero. La diferencia es que Ciudadanos y el PP cambiaron su postura respecto a 2015 y rechazaron la norma.

“¿A qué le tienen miedo?”, espetó Ángela Aguilera, portavoz adjunta de Adelante en el turno de réplica, después de esuchar el posicionamiento negativo del resto de portavoces, aunque todos alabaron la buena voluntad de una norma que cosideran innecesaria. En resumen, la ley busca que los movimientos que se producen en las cuentas corrientes de la Administración autonómica, algo que, según los diputados de PP y Ciudadanos ya puede hacerse.

El parlamentario popular Pablo Venzal incluso aludió a un decreto aprobado por el anterior Gobierno del PSOE sobre la tesorería de la Junta que tiene efectos similares a los que incluye la norma de Adelante. Después, el diputado socialista Felipe López aludió a la ley de Transparencia, aprobada durante el gobierno de coalición que dirigió Andalucía entre 2012 y 2014.

Aguilera lamentó que la mayoría de fuerzas de la Cámara no aceptasen la tramitación de la norma para poder mejorarla en su trayectoria en el Parlamento. “Confío en que el presidente y vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, no están robando a los andaluces valiéndose de esa ausencia de medidas de transparencia pero ¿pueden decir que confían en todos sus cargos públicos?”, planteó la dirigente de la confluencia, que urgió alGobierno a crear la oficina de lucha contra el fraude prometida por el departamento que dirige Juan Marín.