"Un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos locales". En el epígrafe del acuerdo que firmaron los partidos políticos en mayo de 2006 -que actualizó el texto de 1998 renovado en 2000- sustenta el PP-A la denominación de "tránsfuga" a Rosa Aguilar, que dejó el cargo de alcaldesa de Córdoba con IU para incorporarse al gobierno de José Antonio Griñán como consejera de Obras Públicas y Transportes.

"En la conducta de Rosa Aguilar ni hay lealtad política a su formación ni respeto a la voluntad de los cordobeses", afirmó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, para justificar la petición del PP de que el "caso Aguilar" sea analizado por la Mesa Antitransfuguismo. La solicitud, por carta, se ha remitido a Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, que ostenta la competencia sobre la materia, antes responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas.

La consideración del PP-A de que la ex alcaldesa ha incurrido en "transfuguismo" fue rebatida por Aguilar y otros sectores que entienden que el espíritu del acuerdo se basa en evitar que decisiones personales alteren la representación proporcional en los gobiernos locales. En Córdoba seguirá gobernando IU. El secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, consideró ayer "absurda" la petición del PP-A y no le auguró futuro.