Andalucía

El PP-A reclama una condena de 10 años de prisión para el ex consejero Fernández por el ERE de Surcolor

  • Reclama la misma pena para el ex viceconsejero Agustín Barberá, el director de Trabajo Javier Guerrero, y el conseguidor Juan Lanzas.

La acusación popular que ejerce el PP-A en la macrocausa de los ERE ha reclamado una condena de diez años de prisión para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación, así como otro de asociación ilícita. En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el PP reclama la misma condena de diez años de cárcel para el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor de los ERE.

En relación con el ERE de Surcolor-Surcolor Óptica están procesadas 16 personas, entre las que se encuentran seis ex altos cargos.

En el caso de los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero se enfrenta también a diez años de prisión por el ERE de Surcolor, mientras que a sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se les piden ocho años de cárcel a cada uno.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo, el PP solicita diez años de prisión para el primero y seis años para el segundo, mientras que los dos responsables de Surcolor y Surcolor Óptica –Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla Bustamante- y un representante sindical se enfrentan cada uno a diez años de prisión. Para los intrusos Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, la acusación popular pide seis años de cárcel para cada uno. Por último, piden diez años de prisión para el abogado Carlos Leal Bonmati y la misma pena para el testaferro Francisco Algarín Lamela.

En cuanto a las indemnizaciones a la Junta, el PP pide que todos los acusados devuelvan a la Hacienda Pública el total de la cantidad desembolsada, que asciende a 984.921,23 euros.

Las penas que solicita el PP coinciden con las que reclama la Fiscalía Anticorrupción, salvo que los populares incluyen un delito además de asociación ilícita que atribuyen a los 16 procesados y por el que piden dos años de prisión y multa de 36.000 euros, al estimar que todos los acusados estaban “concertados en sus actuaciones de un modo expreso o tácito, existiendo una unión y acuerdo que duró en el tiempo para llevar a cabo la actividad delictiva”. El PP cita una sentencia del Supremo para argumentar que si la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo (artículo 17.1 del Código Pena), la diferencia con la asociación ilícita “ha de verse en la mayor estabilidad de esta última y el cometido concreto de la primera, indeterminado en cuanto al número de infracciones en la asociación”.

El PP explica en su escrito de conclusiones provisionales que en el año 2005 las empresas Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron en marzo un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas económicas y cierre de la actividad, pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

Los responsables de la empresa, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado de Surcolor, respectivamente, contactaron a principios de 2006 con el abogado Carlos Leal Bonmati de Estudios Jurídicos Villasís, así como con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta de Andalucía para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de la empresa”.

Lanzas contactó a su vez con el delegado de Empleo Antonio Rivas y con el director general de Trabajo Javier Guerrero, facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción de los puestos. Sin embargo, Antonio Rivas, “instó” a los responsables de la mediadora Vitalia para que introdujeran a dos intrusos: Juan Manuel López Espadas -militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas-  y José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Antonio Rivas-, los cuales “nunca habían formado parte de la plantilla de ninguna de las empresas”.

El PP-A sostiene que el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, así como Guerrero y Rivas conocían que “no se había seguido procedimiento alguno tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores”, además de los dos intrusos, y todo ello “sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”, llegando incluso a no publicar “deliberadamente” dicha ayuda en la base de datos de subvenciones de la Junta.

El PP asegura además que Lanzas cobró una comisión, como “contraprestación económica” por haber logrado los fondos públicos, para lo cual hizo que su testaferro Francisco Algarín Lamela, “como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes”, facturara a las empresas por importe de 118.752,64 euros.

Con respecto a los dos intrusos, explica que percibieron 61.438,74 euros, en el caso de José Antonio Márquez Sánchez, y 44.882,31 euros Juan Manuel López Espadas.

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