El Gobierno central actuó de la misma forma que la Junta de Andalucía al conceder las ayudas extraordinarias de los ERE. El Ministerio de Trabajo del Gobierno central ha reconocido en un informe enviado a la juez María Núñez Bolaños que concedió "directamente" y sin concurso público entre los años 2001 y 2011, al igual que se investiga en el caso de los ERE fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En respuesta a una petición realizada por la juez Bolaños, el director general del Ministerio de Empleo, Javier Thibault Aranda, ha remitido un informe con fecha 18 de septiembre en el que explica en primer lugar que la concesión de las ayudas extraordinarias durante esos diez años se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la orden ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercer establecía que las ayudas podían ser "solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".

Dice el Ministerio que a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la dirección general de Trabajo "resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".

La orden ministerial "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", "razón por la cual la entonces dirección general de Trabajo tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

El Ministerio señala, en cualquier caso, que ese sistema es el mismo que "sucede en la actualidad", tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

El director general de Empleo también informa a la juez de que, según se desprende de los expedientes, "no se realizó por ningún organismo estatal o por la subdelegación del Gobierno comprobación alguna respecto del cote de la póliza de seguros". El Ministerio precisa, sin embargo, que "conviene señalar que esos organismos carecían de una atribución normativa específica que les habilitara para determinar si la ayuda se ingresaba o no en una póliza de seguro, quién fuera en su caso el tomador (que en ningún caso lo fue la Administración General del Estado) o si el coste de la póliza era o no adecuado".

El informe acompaña la relación de ayudas extraordinarias concedidas en el periodo 2001-2011, relativo a unas 220 ayudas que alcanza un global de unos 300 millones de euros, oscilando las mismas entre unos 13.000 euros y los 22 millones.