Ya hay fecha. A partir del próximo 9 de septiembre Ana Julia Quezada será juzgada durante una semana y media o dos semanas por un jurado popular. Será entonces cuando la acusada del asesinato del pequeño Gabriel Cruz reitere su versión, según la cual la muerte se produjo de forma accidental, o pueda ofrecer un nuevo testimonio para intentar reducir las penas que solicita para ella la Fiscalía, en concreto prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía y diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas.

Aunque esta fecha se barajaba ya en la Sección Segunda, fue ayer la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, la que confirmó oficialmente cuándo comenzará el juicio, recordando que será un jurado popular, presidido por la magistrada Alejandra Dodero, quien deberá declararla culpable o no de los cargos que se le imputan. Es más, aseveró asimismo que cuando se ha podido “seguir la instrucción entera”, la vista tendrá una “cobertura acorde” para ver cómo acaba el juicio, de forma similar a “como se está celebrando el del Procés”, abogando así por ser “transparentes en todo” desde la administración de justicia.

El escrito de la fiscal señala que sobre las 15.30 horas del 27 de febrero de 2019, el niño le dijo a su abuela, en cuya casa de Las Hortichuelas Bajas de Níjar se encontraba, que iba a jugar con sus primos, y que Quezada estaba “pendiente de sus movimientos”. El Ministerio Público mantiene que Quezada abordó al niño en el camino de cien metros que iba de la casa de su abuela a la de sus primos y le pidió que la acompañase para ayudarla porque iba a pintar en una finca del padre de Gabriel en Rodalquilar, en un lugar aislado a varios kilómetros, lo que accedió ante la “confianza” que tenía en ella al estar “íntimamente vinculada a su entorno familiar desde el inicio de la relación sentimental con su padre”.

Una vez en la finca, lo mató y lo enterró junto a una alberca, que cubrió con tierra y piedras, tras lo que guardó las ropas y se las llevó a casa de la abuela del niño, a donde acudió tras ser alertada por Ángel Cruz de la desaparición de su hijo. El 5 de marzo tiró las prendas a un contenedor de vidrio en el barrio de Retamar de Almería.

La fiscal incide en que durante los once días que duró la búsqueda del niño acudía a diario y que ante la presión mediática “simuló un estado de aflicción, mostrándose en ocasiones compungida y apesadumbrada y en otras alentando los ánimos de los familiares, involucrándose en las batidas de búsqueda”. El 11 de marzo desenterró el cuerpo de Gabriel y lo metió en su coche para buscar un invernadero donde ocultarlo, momento en el que fue detenida.