Investigación de los ere

La Junta sufragó su oficina en Madrid con un sistema similar al de los ERE

  • Los convenios de 2001 y 2002 se firmaron por Gaspar Zarrías y Antonio Fernández, en presencia de Chaves. La Administración dice que no hay ninguna irregularidad.

La Junta de Andalucía sufragó sus oficinas en Madrid con un sistema administrativo similar al de las transferencias de financiación de la partida 31L, conocida como "fondo de reptiles", que está en la base de la investigación de la juez Mercedes Alaya, que en enero pasado decidió extender la causa a otras cinco consejerías. La utilización de un sistema parecido, que la Junta niega rotundamente, situaría es convenios en el mismo nivel en el que se han detectado las irregularidades de los ERE, dado que una vez transferidas las aportaciones al IFA, no habría un control posterior de la Intervención General de la Junta como ocurriría, por el contrario, si la financiación procediera directamente de la Consejería.

En un auto dictado el pasado 27 de enero, la instructora ordenó esa ampliación de la investigación a otras cinco consejerías al afirmar que el sistema de transferencias de financiación a través del IFA o IDEA fue utilizado por las consejerías de Gobernación; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; Medio Ambiente; y también por la Consejería de Presidencia.

En el período comprendido entre 2001 y 2010, los créditos de las aplicaciones correspondientes a transferencias corrientes y de capital, que sirvieron de financiación para el IFA o IDEA, ascendieron a 4.315 millones de euros.

En estas transferencias se incluyen las realizadas en el año 2001 y 2002 por la Consejería de Presidencia, entonces dirigida por Gaspar Zarrías, al IFA, que presidía Antonio Fernández, que luego sería consejero de Empleo y actualmente uno de los imputados en la investigación de la juez Alaya.

Ambos convenios, a los que ha tenido acceso este periódico y que tienen fecha de 30 de noviembre de 2001 y 16 de diciembre de 2002, fueron suscritos por Zarrías y Fernández en presencia del entonces presidente de la Junta Manuel Chaves. En ambos acuerdos se autorizaba al responsable de la oficina de la Junta en Madrid para disponer de los "recursos humanos y materiales de la delegación del IFA en dicha capital, para el desempeño de las funciones propias de la Oficina" y se estipulaba que la Consejería de Presidencia destinaría, para el ejercicio de 2001, un total de 132.222,66 euros para la financiación de los "gastos generales". Entre esos gastos figuran 3.000 euros para equipamiento, la misma cantidad para gastos generales y 126.212,54 euros para personal de la Oficina.

En el segundo convenio, suscrito también por Zarrías y Fernández, en presencia de Chaves, se amplía a 150.253 euros la cantidad que la Consejería de Presidencia destina a través del IFA para la financiación de los gastos generales de la Oficina de la Junta en Madrid, aunque en este caso no se realiza un desglose de estos gastos por partidas.

La Junta de Andalucía aseguró ayer que no existe "ninguna irregularidad" sobre la financiación de esta delegación en Madrid, ya que, según explicó en una nota, este servicio "se ha financiado siempre a través de programas específicos del presupuesto de la Consejería de Presidencia" y además afirma que el procedimiento empleado "es distinto del utilizado para las ayudas" que actualmente investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según la Junta, la Oficina de Madrid se sufragó con "subvenciones" que cuentan con la preceptiva "fiscalización previa y a posteriori, y los gastos realizados cuentan con la correspondiente justificación conforme a las obligaciones legales". El procedimiento de subvención, insiste, es distinto al de la transferencia de financiación que investiga Alaya, aunque la Junta reitera que, en cualquier caso, "la figura de la transferencia de financiación no es delictiva, es una fórmula recogida en la legislación vigente y que se utiliza por todas las administraciones". De igual forma, rechaza que se trate de fondos que evitan el control del Parlamento andaluz, ya que "todos los años aparece reflejado expresamente el programa específico en los presupuestos de la Junta".

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