El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer manifestar su criterio contrario a la proposición de ley sobre la consideración de autoridad pública del profesorado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, argumentó que tanto la legislación educativa autonómica como la estatal ya recogen el contenido de esta iniciativa.

La Ley de Educación de Andalucía, vigente desde 2007, señala entre los derechos del profesorado el "reconocimiento de su autoridad magistral y académica" y apunta que "en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública". Asimismo, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) establece que "los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública". En lo que respecta a la asistencia jurídica y defensa del profesorado mencionadas en la proposición de ley del PP, Jiménez Barrios subrayó que la práctica judicial "evidencia" que se consideran salvaguardados los intereses y derechos de este colectivo en el ejercicio de sus funciones.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, aseguró que la presidenta Susana Díaz "ha retratado hoy su deprecio al profesorado andaluz". López señaló que se trata de "una propuesta solicitada varias veces por el PP y por la comunidad educativa, que conlleva mayores garantías jurídicas y personales para los profesores de la escuela pública y concertada andaluza", y que con su negativa el Gobierno andaluz ha deja claro que "su apuesta por lograr una educación pública de calidad es falsa".

López insistió en que el reconocimiento de la autoridad pública del docente es un mandato de la Lomce "al que el Gobierno andaluz debe dar cumplimiento", y ha lamentado que Andalucía "haya perdido la oportunidad de tener una ley propia".