Plazo de 6 meses

La Junta de Andalucía tendrá que pagar intereses a los beneficiarios de ayudas si tarda en abonarlas

  • El borrador de los Presupuestos de 2019 endurece el control para la concesión y pago de subvenciones

Juan Bravo, consejero de Hacienda, en el Parlamento.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, en el Parlamento. / Juan Carlos Vázquez

Si la Junta de Andalucía se retrasa más de seis meses en el pago de una ayuda, deberá pagar intereses de demora al beneficiario. Así lo establece el borrador del primer Presupuesto elaborado por el Gobierno del cambio, según reza en el esbozo enviado por el Ejecutivo al Consejo Consultivo y publicado en el Portal de la Transparencia. Eso sí, serán los beneficiarios quienes deban solicitar esos intereses de demora. 

El control de las subvenciones es una prioridad del nuevo Gobierno después de que haya detectado casi 3.000 millones de euros en ayudas sin justificar. El borrador de los Presupuestos de la Junta para 2019 deja ver esta preocupación del bipartito de PP y Ciudadanos, que ha reforzado el control de las concesiones de ayudas, pero también del pago de las mismas por parte de la propia Administración.

La generación de intereses de demora, a beneficio del receptor de la ayuda, es una de estas medidas, pero los perceptores de subvenciones tendrán que ser también rigurosos. Si antes la Junta enviaba un 75% del pago de la subvención como anticipo, sin necesidad de justificación, cuando se aprueben las nuevas cuentas sólo se abonará la mitad. El otro 50% sólo podrá recibirse cuando el beneficiario de la ayuda haga efectiva la justificación.

Del borrador elaborado por el equipo de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía se puede destilar una gran preocupación por el control del gasto y la ejecución de las cuentas autonómicas. Al endurecimiento de la fiscalización de las ayudas hay que sumar las restricciones a los entes instrumentales, sobre los que el Ejecutivo ha puesto el foco desde su llegada a San Telmo.

El esbozo de Presupuestos de 2019 realizado por el equipo de Juan Bravo destaca por su limitación a las contrataciones para la administración paralela. Cuando se aprueben las cuentas, la Consejería de Hacienda deberá dar el visto bueno a la reposición de puestos en estas entidades, cuyos presupuestos pasarán a ser controlados por las consejerías de forma paulatina. En definitiva, los entes instrumentales perderán parte de la independencia que tienen ahora. 

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