La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la decisión de este alto tribunal de archivar la demanda contra la multinacional minera Boliden, en la que reclama 90 millones de euros como compensación por el coste de la limpieza del vertido tóxico de 1998.

Así lo ha anunciado la consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, quien ha subrayado que la descontaminación de la cuenca del río Guadiamar y de la marisma de Doñana tras el vertido de lodos tóxicos y aguas ácidas que causó la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar ha requerido "muchísimo dinero" y "muchísimos trabajos" de las administraciones y los científicos.

Coves, quien ha inaugurado en Sevilla la exposición "Guadiamar. Ciencia técnica y restauración", que analiza los diez años de trabajos para descontaminar el Guadiamar, ha recordado que los tribunales cerraron en 2001 la vía penal para este contencioso; en 2003 la civil, y el año pasado la administrativa.

"No nos hemos rendido y no nos vamos a rendir nunca", ha advertido la consejera, quien ha anunciado que si la Junta fracasa en su intento de que el Supremo reabra la vía administrativa, solicitará a la Sala de Conflictos del alto tribunal "que nos diga claramente cuál es la jurisdicción a la que tengamos que acudir".

"Una catástrofe de estas características no puede quedar sin más; este desastre ambiental merece tener un responsable; nosotros sabemos quien es; lo que falta también es que los jueces nos den la razón y recuperemos una parte importante de la inversión que tuvimos que hacer", ha enfatizado.

La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, ocurrida en la madrugada del 25 de abril de 1998, liberó unos 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que contaminaron, aguas abajo, 4.634 hectáreas a lo largo de 63 kilómetros del cauce, hasta quedar detenido en el límite del parque nacional de Doñana.

La descontaminación de este vertido tóxico, considerado como una de las mayores catástrofes ecológicas sufridas en España, requirió la retirada de unos 7 millones de metros cúbicos de suelos contaminados, en la que trabajaron 868 personas durante 208 días y para la que se utilizaron unos 500 camiones que recorrieron casi 17 millones de kilómetros.

Estos trabajos, así como la adquisición de los terrenos contaminados para convertirlos en un espacio protegido, tuvieron un coste para las administraciones de 165 millones de euros, sólo hasta 2003.