Andalucía

Junta y Gobierno cierran el conflicto por la revisión de precios de los contratos de obras

Juanma Moreno, con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, este viernes en la estación de esquí de Sierra Nevada

Juanma Moreno, con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, este viernes en la estación de esquí de Sierra Nevada / Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz y el Ejecutivo central han sellado la paz en el conflicto de la revisión de los contratos de obras de construcción. Tras acordar el Consejo de Ministros del pasado martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz 4/2022, la Junta pidió una reunión urgente de la Comisión Bilateral, que se ha producido este viernes y que finalmente ha desembocado en un acuerdo, solo pendiente de firma.

El decreto de la Junta seguirá vigente, por lo que no habrá recurso, pero con la condición de que el Ejecutivo autonómico adapte determinados artículos de la norma al decreto estatal, que es anterior al andaluz y más restrictivo respecto a las obras y materiales que pueden acogerse a una revisión de precios.

El Gobierno andaluz accede a endurecer algunos de los preceptos de su decreto, y ya no tendrán derecho a la revisión de precios los contratos de conservación de carreteras ni de mantenimiento de edificios públicos (artículo cuatro). Con la modificación del artículo cinco se reducirán a diez los materiales cuyos precios se puede revisar (los que contempla el decreto nacional), cuando hasta ahora el decreto andaluz incluía todos los materiales a excepción de la energía. Tampoco se podrán revisar los precios de las obras de 2021 terminadas antes de marzo de 2022 ni las obras con una duración inferior a cuatro meses, preceptos ambos que sí contemplaba en un principio la norma de la Junta.

A cambio, el Gobierno central concede la posibilidad de que se adhieran al decreto ley andaluz las entidades locales y también las universidades, al tiempo que, también, se suprimen las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a la falta de material y se permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Por parte del Gobierno andaluz, el encargado de valorar el acuerdo ha sido Antonio Sanz, consejero de Presidencia (la consejera del ramo es Marifrán Carazo), quien ha valorado que la reunión de la comisión bilateral "ha culminado con éxito y un acuerdo para que finalmente no exista ese recurso de inconstitucionalidad". 

El consejero ha defendido que "una vez más" se demuestra que "el diálogo es siempre mucho más importante que tomar decisiones de manera unilateral", y el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros "era un error a todos los efectos", porque "podía provocar una situación para las empresas de consecuencias muy negativas, tanto para la estabilidad de los contratos como para el mantenimiento de muchos empleos". 

Un recurso podía haber alargado en el tiempo la coexistencia de dos normas contrapuestas, y eso hubiera supuesto aún más inseguridad jurídica para las empresas, cuyas asociaciones representativas (Fadeco Contratistas y Ceacop) demandaban que las administraciones se terminaran entendiendo.

Sanz ha subrayado que "el objetivo es mantener el empleo, la actividad económica y que no haya empresas que mueran como consecuencia del sobrecoste" en los precios, y ha valorado por ello como "muy satisfactorio y positivo" el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España, porque, "lógicamente con las cesiones que todos tenemos que hacer" para lograrlo, "nos permite mirar hacia adelante pensando en lo mejor para la estabilidad del empleo y las empresas".

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