Caso "contratos fantasmas" de Umax

Juan Márquez y Daniel Rivera desconocían la existencia del contrato de Umax

  • Los trabajadores de Umax empresa eran el 25% de la plantilla de la Dirección General de Trabajo

Sala del juicio de Umax Sala del juicio de Umax

Sala del juicio de Umax / EFE

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Tanto Juan Márquez como Daniel Rivera, los dos directores de Trabajo que sucedieron a Javier Guerrero han declarado ante el Tribunal que juzga el caso de los "contratos fantasmas" de Umax  que, como directores generales de Trabajo, no tenían competencias para realizar contrato. En concreto, Juan Márquez aseguró que, hasta el incio del proceso judicial, "no había mantenido ningún encuentro con Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax. Ha sido a través de la documental cuando he visto una carpeta en la que, supuestamente, se guarda información de un encuentro mantenido entre los dos. Soy una persona que suele tomar nota en las pastas interiores de las carpetas de cada reunión, y en esa no hay nada", explicó. 

Juan Márquez, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía de 2008 a 2011 declaró que no tenía competencia para contratar y que acudir a trabajadores externos en momentos puntuales de mucho trabajo "es un procedimiento habitual en todas las consejerías".

Márquez, que durante su testimonio ante el Tribunal afirmó en más de una ocasión que “no sabía por qué estaba aquí”, insistió en que no conocía a Ulpiano Cuadrado. A preguntas de la fiscal sobre la contratación a través de Umax de un sobrino de su esposa, Márquez afirmó no recordar ninguna reunión al respecto ni dar ninguna instrucción acerca de la contratación de esta persona. 

Ninguna queja ni reclamación por el personal externo

Aunque sabía que había personal externo, "nadie nunca" le trasladó "la más mínima llamada de atención" por ello, la existencia de "ningún compromiso ni contrato verbal o no" concreto con Umax ni el empresario le reclamó ninguna deuda. "Tengo conocimiento de todo cuando comenzó el procedimiento". 

Sobre el traspaso del cargo con su antecesor, Javier Guerrero, Márquez lo ha definido como "educada y cortés". A preguntas de la defensa de Guerrero, respondió que no le comentó nada acerca de continuar con ningún contrato. "Hablamos de lo urgente: solucionar algunos conflictos y el tema de los pagos de ayudas sociolaborales a empresas". El abogado del antecesor de Márquez también le preguntó sobre la posiblidad de de un director General de Trabajo para adjudicar contratos a alguna empresa, dijo que "era imposible por los procedimientos". 

Ante la pregunta del juez de la Audiencia Ángel Márquez sobre si existe un último responsable de esta contratación, el acusado le ha respondido que no es capaz de "poner cara ni nombre al responsable de esto".

Un 25 % de los trabajadores no eran funcionarios ni personal laboral

Por otor lado, Daniel Rivera, que sucedió a Márquez en el cargo, ha cifrado en un 25 % el personal de su departamento perteneciente a Umax que desempeñaba trabajos de "asistencia administrativa" a los funcionarios y el personal laboral de la Dirección General de Trabajo. 

Daniel Rivera, a preguntas de la fiscal, ha señalado que al poco de llegar al cargo, en abril del 2010, el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, tuvo una primera reunión donde le reclamó una deuda de 1,5 millones porque llevaba sin cobrar desde el 2007 los servicios que sus trabajadores prestaban en la Consejería de Empleo, algo que entonces le "resulta un poco increíble" y decide, según explica, poner en marcha una investigación al respecto.

Al no hallar documentación de contratación con Umax ni facturas, se lo comunicó al entonces viceconsejero, Justo Mañas, quien ordenó que, ante la duda, los despidiera porque "al día siguiente" ya no podían acudir a la Dirección de Trabajo, lo que "creaba un problema de carga de trabajo" ya que suponían "un 25%" del personal de este área, "de 50 trabajadores, unos 12 o 14 eran de Umax".

Cuando fueron despedidos la mayoría pasó a la fundación pública Faffe y tras la extinción de ésta fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, sin pasar por ninguno de los procesos de selección legalmente establecidos para acceder a la administración. Aunque, según explicaron, los despedidos de la Dirección General de Empleo sí pasaron por un proceso de selección para entrar en la Faffe.

La fiscal también preguntó a Rivera por los compromisos que varios trabajadores de Umax han declarado en la instrucción que éste contrajo con ellos de que los contrataría Faffe, como así ocurrió, y unos correos suyos al entonces director de la fundación Fernando Villén  con el listado de trabajadores "para que los vayan contratando por orden de prioridad". Estos correos también fueron esgrimidos por la fiscal cuando ha declarado Lourdes Medina, por aquel entonces, secretaria técnica general de Trabajo.

Según Rivera "la finalidad era que el personal de Umax participara en los procesos de selección que había abierto Faffe siguiendo sus protocolos" ya que llevaban "cinco o seis años" trabajando en la Junta y su despido provocaba "un conflicto latente" y el riesgo de que lo "pudieran judicializar buscando consolidar su puesto en la administración".

Tanto él como Lourdes Medina, secretaria general técnica, han negado haberse comprometido a que Faffe los contrataría y haberlo ordenado, al tiempo que se ha desmarcado de su absorción posterior en el SAE, a pesar de que durante la instrucción existieron testimonios que así lo indicaban.

El juez de la Audiencia de Sevilla Ángel Márquez le ha preguntado si es posible que la Junta pagara a Umax por los servicios de esos trabajadores sin que constaran esos pagos, a lo que Rivera ha dicho que eso corresponde a la "investigación policial".

Además declararon los otros dos acusados, los secretarios general técnicos Atonio Aguado y Lourdes Medina. Aguado declaró que era "habitual que empresas externas prestasen servicios a la Dirección General de Trabajo". Ambos explicaron en sus respectivos testimonios que su cargo es de "puro tramitador y meramente instrumental". Asimismo recordaron que ellos firmaban los documentos contables, a los que realizaba una serie de comprobaciones. Estos documentos estaban fiscalizados por la intervención delegada. 

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