Los cálculos aún no están cerrados, pero el Gobierno andaluz ha adelantado que la factura del Covid-19 para las arcas de la Junta se situará en los 1.800 millones de euros. Esta cifra fue adelantada este martes por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el programa Hoy en día, de Canal Sur, y ratificada por el portavoz Elías Bendodo al término del Consejo de Gobierno. Parte del sobrecoste se podrá pagar con la transferencia extraordinaria del Gobierno central y otra, con la reconversión de los fondos Feder.

Juan Bravo sostiene que el coste sanitario será de algo más de 900 millones de euros, a los que suma otros 900 millones en gastos de educación, dependencia y varias ayudas. Hay que considerar, también, la caída de ingresos por la falta de actividad económica y por las exenciones que ha realizado la Junta durante este período. Otras fuentes consultadas por este medio sostienen que el gasto no será tanto.

Para solventar este agujero en las cuentas públicas, que supondría el desvío del 5% del Presupuesto de 2020, el Gobierno andaluz contará con dos instrumentos: la transferencia del Gobierno de los 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas y la reconversión de 1.68 millones de euros de los fondos Feder.

La Unión Europea ha autorizado a cambiar el destino de los fondos Feder. A la Junta le quedaban por invertir 1.068 millones de euros, que ahora podrá emplear en gasto sanitario, tanto en materiales como en nómina. Esto supondrá que el gastos en nóminas del SAS se considere confinanciación por parte de la Junta, que es un requisito imprescindible para hacer uso de estos fondos comunitarios.

La otra parte importante llegará del Gobierno central. Éste transferirá 16.000 millones de euros a las comunidades, aunque aún se desconoce cuál será la cantidad exacta del reparto. El Consejo de Ministros del próximo 16 de junio aprueba estas ayudas, cuyo primer tramo se pagará en julio. Lo que sí está detallado es cómo se hará el reparto.

Los primeros 9.000 millones de euros se deben destinar a gasto sanitario, se repartirá en función del impacto del Covid-19 en cada comunidad. El Gobierno mete en su fórmula de asignación las camas empleadas en UCI, los ingresos y las pruebas realizadas de PCR, pero también cuenta la población protegida, un factor que beneficia a Andalucía. Ésta contará entre un 35% y un 40% del total.

El segundo tramo estará destinado a educación. Son 2.000 millones de euros que se reparten en función de la población escolarizada en centros públicos. Andalucía gana mucho con este criterio, tanto por su población escolar como por el alto grado de matriculaciones públicas. El resto, que son 5.000 millones de euros, se pagará en función de la caída de los ingresos derivados de los impuestos propios de las comunidades.

La Junta recibirá, en total, más de 1.000 millones de euros, pero el importante pico aún no está calculado. El Ministerio de Hacienda reformuló el modo del reparto para que la población tuviese más peso.

El Gobierno andaluz cerró el año 2019 de modo sobresaliente, sin desviación del déficit y con el cumplimiento de las reglas de gasto y de deuda. Sin embargo, el ejercicio de 2020 va a ser una incógnita, así como el cálculo del déficit final. La tesis del Gobierno central es que asume el desequilibrio de las cuentas con transferencias a las autonomías para que éstas no incurran en déficit muy graves, pero esto es algo que no está medido aún, ni siquiera como previsión. El Gobierno ha calculado el déficit del Estado en 2020 en el 10,34%.