Los alcaldes almonteños que han estado al frente del Ayuntamiento durante las últimas tres décadas están siendo investigados por la Fiscalía de Medio Ambiente, que les acusa de un supuesto delito de prevaricación por no haber impedido las extracciones ilegales de agua en Doñana, en concreto en aquellas parcelas de titularidad municipal que llevan más de cuarenta años siendo explotadas por particulares mediante cánones públicos.

Francisco Bella, alcalde socialista desde 1991 a 2011; José Antonio Domínguez, su sucesor popular desde 2011 a 2015; y Rocío Espinosa, alcaldesa socialista desde los pasados comicios, han de dar cuenta a la Justicia del por qué no pusieron freno a una práctica que diezmó los recursos del acuífero 27 que alimenta los humedales del Parque Nacional.

La decisión ha generado incertidumbre a la par que indignación, en tanto en cuanto los regidores municipales no tienen capacidad para legislar ni sancionar tales prácticas.

Espinosa no quiso hacer valoraciones sobre el proceso, si bien su abogado, el penalista Francisco Baena Bocanegra, considera que no existe base jurídica alguna para incluirles en la causa. En cuanto a las razones por las cuales la Fiscalía ha decidido investigar las posibles responsabilidades de los líderes locales, el letrado afirma "no estar en la cabeza del fiscal", pero matiza que "es una obligación del juez investigar" a todos los actores que pueden intervienen en un proceso penal.

Bocanegra recuerda la imposibilidad de que su defendida hubiera incurrido en delito alguno, ni tan siquiera en dejación de sus funciones, puesto que "el cargo de alcalde no tiene aparejadas atribuciones en materia de ordenación del territorio o de vigilancia sobre la extracción del agua".

Fuentes cercanas al caso detallaron que la defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa, mostrando su confianza en que durante los próximos días se atienda la petición de forma favorable.