IU y CCOO reclamaron ayer a la Junta que sea el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Junta de Andalucía, en lugar de los empresarios, el que medie para formalizar los contratos en origen de los inmigrantes que llegan a Andalucía para evitar la explotación laboral y garantizar la igualdad de derechos.

La demanda fue planteada ayer por los principales dirigentes de ambas formaciones, Diego Valderas (IU) y Francisco Carbonero (CCOO), quienes coincidieron en demandar al futuro Gobierno andaluz una mayor dotación presupuestaria con el fin de que el SAE pueda desarrollar las políticas activas de empleo.

Carbonero y Valderas plantearon que el sistema actual, en el que los empresarios adoptan la función de mediadores, da lugar a que "muchos se aprovechen de la situación y se den casos de explotación o contratos desiguales". Las dos organizaciones defendieron que "Andalucía necesita a los inmigrantes en el mercado de trabajo" por lo que pidieron "un instrumento público que se encargue de la contratación en origen", apuntó el secretario general de CCOO.

Carbonero y Valderas solicitaron también otras medidas como una mayor dotación económica para el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales o el cumplimiento de la seguridad laboral mediante la contratación de más inspectores y reducir la precariedad.

El 50% de los eventuales tienen "contratos fraude", según los datos de CCOO, que sostiene que hay una "bolsa irregular" de contratación que debe ser solucionada, aunque también planteó la "necesidad" de que se cumplan las políticas que recogen los acuerdos de concertación social.