El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero ha cambiado de abogado defensor en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE y hoy mismo se ha quedado sin defensa en otras dos causas en las que está imputado, una en relación con las ayudas que concedió a su ex chófer y otra por las contrataciones de la empresa Umax, donde se enfrenta a otros diez años de cárcel.

Tal y como había adelantado este periódico, el hasta ahora abogado defensor de Guerrero, Fernando de Pablo, ha comunicado hoy, antes de la declaración del ex presidente de la Junta Manuel Chaves que le había sido solicitada la venia por otro letrado, por lo que el letrado ha aprovechado la ocasión para despedirse del tribunal, de la Fiscalía y de las demás partes personadas en la causa, sí como de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados

Fernando de Pablo será ahora sustituido por José Ávila, quien ha asumido la defensa de Guerrero sólo en la causa del "procedimiento específico", no en el resto de piezas donde el ex director de Trabajo está imputado.

De hecho, el cambio de abogado ha coincidido con el anuncio de los letrados Carlos Sierra y Rafael Ramírez de renunciar a defenderlo en las investigaciones abiertas por Umax y las ayudas concedidas a su antiguo chófer.

Los letrados han presentado sendos escritos en los juzgados que tramitan estas causas, en los que anuncian que "por diferencias irreconciliables" con el cliente, renuncian a la asistencia letrada del investigado y solicitan que "le sea nombrada nueva defensa de oficio en caso de no ser nombrada de libre designación".

Guerrero es el principal acusado en el caso del denominado "procedimiento específico" de los ERE, donde se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla también solicita una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social imputados en el caso de los ERE –Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera-, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores del "círculo de amigos y familiares" de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento de contratación".