El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta ha pedido este jueves a la juez Mercedes Alaya, que el pasado día 10 le encarceló por el escándalo de los ERE, que le ponga en libertad a partir del 21 de marzo, una vez que haya declarado en el juzgado su ex chófer, Juan Francisco Trujillo.

El abogado Fernando de Pablo, que representa a Guerrero, señaló que en el recurso de reforma presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla impugna los motivos que alegó la instructora para decretar su ingreso en prisión, como el riesgo de fuga y la posible influencia del ex alto cargo en los testigos e imputados. Según el letrado, ninguno de estos motivos se da en el caso de Guerrero, puesto que una vez que el ex director de Trabajo "ha nombrado a todo el mundo" en su extensa declaración ante la juez Alaya, ya "no podría presionar a nadie ni puede ser presionado". 

Para evitar suspicacias sobre la posible influencia en la persona su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo -quien le implicó directamente en el pago con fondos públicos de "cocaína, copas y fiestas"-, la defensa ha pedido que la puesta en libertad sea efectiva a partir del día 21 de marzo, un día después de la fecha en la que debe comparecer en el juzgado Juan Francisco Trujillo.

De Pablo también rechazó el argumento del riesgo de fuga, ya que, según precisó, Guerrero tiene arraigo laboral, social y familiar, pues vive con su mujer y su hija de diez años, y no tiene intención de fugarse porque conoce la investigación de la juez Alaya desde hace más de un año y en todo este tiempo no se ha marchado. Después de que la instructora le leyera la imputación -en la que le atribuye seis delitos, algunos de ellos que se castiga con hasta 18 años de cárcel-, Guerrero siguió acudiendo al juzgado durante las tres sesiones, aseveró su letrado, que indicó que tiene arraigo laboral porque recientemente solicitó su reingreso en la función pública.

Fernando de Pablo defendió que hay otros medios, como las comparecencias regulares en el juzgado, la retirada del pasaporte y las pulseras telemáticas, para garantizar que su cliente siga compareciendo cuantas veces sea llamado por la instructora y evitar que huya.

Mientras tanto, Francisco Javier Guerrero ha sido trasladado al módulo III de la cárcel Sevilla-I, un "módulo de respeto" en el que los internos se comprometen a mantener unas pautas de conducta para garantizar la convivencia de todos. Instituciones Penitenciarias confirmó ayer a Europa Press el traslado a este módulo, que tiene una capacidad para 88 internos y que actualmente está ocupado por 75 reclusos, pero negó que el cambio de módulo obedezca a un "trato de favor", como habían apuntado fuentes penitenciarias a esta agencia.

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, explicó ayer a este periódico que la asignación de un módulo de destino a un interno entra dentro de los "criterios de competencia de la dirección" del centro, que se basan en informes de personal especializado, por lo que esta asignación "no supone un trato de favor en el sentido de que impone al interno un compromiso de convivencia y participación en actividades superior al exigible al resto de los internos". Con el ingreso de Guerrero en un módulo de respeto se garantiza tanto su seguridad como que no va a existir ningún problema de convivencia. "Afirmar que la asignación a un módulo de respeto supone un trato de favor sólo puede evidenciar o ignorancia o mala fe", aseveró el representante de la Fiscalía hispalense, que recordó, de otro lado, que casi la mitad de los módulos que hay en la cárcel de Sevilla-I tienen la consideración de módulos de respeto.