La Guardia Civil centra las pesquisas de la operación Tristán, derivada del caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín (Málaga), en una docena de licencias de obras expedidas para edificar en suelo rústico que podrían haberse visto beneficiadas por la participación de los dos ex funcionarios del catastro detenidos el pasado martes. Ambos técnicos podrían haber participado en la alteración de datos de fincas rústicas para favorecer la edificación en suelo no urbanizable, así como en la expedición de certificados con datos incorrectos que hacían creer a particulares que no existía ningún impedimento para promover sus viviendas.

Las licencias de obra que centran por el momento esta fase de la investigación se expidieron a partir de 1999. La Guardia Civil cree que el abogado Pedro Grandfils se ocupaba de buscar soluciones de estas características para proyectos inmobiliarios en suelo rústico de sus clientes. No obstante, las licencias objeto de la investigación se refieren mayoritariamente a viviendas unifamiliares.

Ayer prestaron declaración ante la Guardia Civil entre otros detenidos e imputados en la operación Tristán el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el arquitecto de la Diputación de Málaga, Francisco Mora. La declaración del primero tuvo lugar por la mañana y se prolongó al menos tres horas, mientras que el arquitecto del servicio de protección civil se desarrolló por la tarde. Al cierre de esta edición ambos seguían en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga a la espera de pasar a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón.